26 agosto 2024
El gobierno sudafricano busca acabar con las «importaciones grises» que han generado un problema económico y de seguridad vial en el país. Se conocen como «vehículos grises» a aquellos que son importados ilegalmente, generalmente provenientes de Europa, Japón y EE.UU. Estos vehículos suelen ser de segunda mano, altamente contaminantes y menos seguros. En 2022, un informe de la ONU afirmaba que estos vehículos usados importados a África no cumplían con las normas básicas de seguridad y medio ambiente.
A pesar de que Sudáfrica ya cuenta con leyes que prohíben este tipo de importaciones, los países vecinos con los que comparte frontera por carretera, como Botswana, Lesotho y Esuatini, tienen regulaciones más laxas. Los importadores aprovechan esta situación para introducir estos vehículos de segunda mano de contrabando, eludiendo así las regulaciones aduaneras y los estándares de seguridad.
Se estima que alrededor de 30.000 vehículos usados se introducen ilegalmente en Sudáfrica cada año a través de este sistema, y que estas «importaciones grises» representan el 7,5% del parque móvil del país, es decir, unos 938.000 vehículos en total.
Los propietarios de estos vehículos no solo corren un gran riesgo al circular con ellos debido a la ausencia de mecanismos de seguridad, sino que también enfrentan serios problemas legales. Según la normativa sudafricana, la posesión de un vehículo ilegal puede resultar en una sanción económica, la confiscación y destrucción del mismo e incluso una pena de cárcel. Además, los accidentes sufridos con uno de estos vehículos no son cubiertos por ninguna compañía aseguradora.
Para retirar estos vehículos de la circulación, el ejecutivo ha autorizado una amnistía hasta fin de año, gracias a la cual los propietarios que entreguen voluntariamente sus vehículos no sufrirán consecuencias legales. El objetivo del gobierno con medidas como esta es retirar de las carreteras el 50% de los «vehículos grises» en los próximos cinco años.