CESIDA, la organización que coordina la respuesta de la sociedad civil al VIH en España, junto con la Fundación Fernando Pombo, ha logrado una sentencia histórica que reconoce la discriminación por estado serológico en personas que viven con el VIH. Esta resolución es un hito esencial en la lucha contra el estigma y la discriminación que, a pesar de los avances en tratamientos y prevención, siguen enfrentando estas personas en la sociedad actual.
La directora de la División de Control del VIH del Ministerio de Sanidad, Julia del Amo, destacó la importancia de esta sentencia como un paso decisivo en la protección de los derechos de quienes viven con el virus. «Significa un avance en el marco del Pacto Social para la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada con el VIH», aseguró, subrayando así la relevancia de abordar las cuestiones de discriminación desde una perspectiva de derechos humanos.
El caso se originó tras que un individuo seropositivo informara a la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre su condición durante un reconocimiento médico, lo que llevó a que su permiso de conducir fuera renovado por solo cinco años en vez de diez, sin que su salud afectara su capacidad para conducir. Ante esta decisión, la persona afectada autorizó a CESIDA a interponer un recurso administrativo, basándose en el artículo 29 de la Ley 15/2022, que permite a entidades sociales actuar en defensa de los derechos de las personas afectadas.
El Tribunal Administrativo, tras examinar las pruebas y argumentos presentados por CESIDA, falló a favor de la organización, declarando que la decisión de la DGT era discriminatoria, marcando un precedente legal en España sobre la legitimación de asociaciones que defienden los derechos humanos vinculados al VIH.
Ana Higuera, directora de la Fundación Fernando Pombo, destacó que esta resolución permite avanzar en el ámbito jurídico, evitando discriminaciones que, aunque no siempre son evidentes, persisten. Oliver Marcos, secretario general de CESIDA, resaltó que, aunque queda un largo camino por recorrer, esta victoria representa un compromiso firme en la lucha contra la estigmatización de las personas con VIH.
El caso también establece un precedente importante en el contexto de la Ley 15/2022, que reconoce la legitimidad de asociaciones para combatir la discriminación en el ámbito del derecho público. Miguel Ángel Ramiro, coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de Alcalá, comentó que esta sentencia considera la legitimidad activa de las entidades sociales, un avance crucial que podría promover otros casos similares en el futuro.
Finalmente, Umunyana Rugege, responsable de derechos humanos de ONUSIDA, enfatizó la importancia de esta sentencia en la protección de los derechos de las personas con VIH, resaltando que es un paso fundamental para garantizar que no sean tratadas de manera injusta debido a su estado serológico.
Fuente: ONU noticias Salud
