Con septiembre llega a los hogares la segunda cuesta más complicada para las economías familiares después de la de enero. Y es que, tras los gastos vacacionales, llegan los de la vuelta al cole. Diversos comparadores financieros y asociaciones de consumidores -como la OCU- estiman que al desembolso veraniego se le pueden sumar ahora unos 500 euros de media por hijo en los gastos de la vuelta al cole.
Ante esta acumulación de gasto, muchas familias optan por financiar los pagos, con lo que sus deudas irán aumentando peligrosamente, pudiendo recurrir a opciones de crédito que suponen más una trampa que una ayuda para afrontar estos desembolsos.
Una de las opciones más frecuentes elegidas para financiar este tipo de compras son las tarjetas revolving. Lo son por el fácil acceso a ellas -incluso en establecimientos de compra habitual- y por la posibilidad que ofrecen de aplazar los pagos en cuotas por la cantidad que la persona que la contrate decida. Al menos, en teoría, porque en la práctica, y según van haciendo frente a los pagos, quienes las contratan se dan cuenta de que los intereses no paran de crecer, acabando por pagar los libros de texto a precio de oro.
Iñigo Serrano, abogado de la zona norte de la Asociación Contra la Usura de Sociedades Acreedoras (ACUSA), especialista en reclamación de tarjetas revolving y socio fundador de Sello Legal Abogados, detalla que ahí precisamente está el quid de estas tarjetas. «Se ceba a los consumidores con un tipo de interés pequeño mensual y el poder elegir la cuota a pagar, pero la realidad -y lo que no se les cuenta- es que sus intereses irán subiendo y acabarán siendo desorbitados, muy por encima de los intereses de cualquier otro tipo de créditos del mercado. Así, acaban afrontando intereses abusivos que rondan el 22% TAE, pudiendo superar incluso un 23%».
Que se está hablando de prácticas abusivas ya lo ha dejado claro incluso el Banco de España, que recientemente multó con 2,7 millones a una entidad financiera por gestión irregular de sus tarjetas revolving en 2018 y 2019. Y no es la única condena hasta el momento. «Casi a diario se están publicando sentencias condenatorias, sobre todo en lo referente a la falta de transparencia de las entidades a la hora de informar de las condiciones de sus tarjetas revolving», comenta Serrano, que anima a que cualquier persona que las haya contratado demande. «El 96% de los casos se ganan, y las sumas que se acaban devolviendo son importantes; una media de 1.200 euros por cada año que se haya estado pagando. Además, para los afectados reclamar no supone un adelanto de dinero. Sello Legal trabaja a éxito; solo cobra después de haber saldado la deuda».
Por eso insiste también en que se reclame cuanto antes. «Muchas personas reclaman estando al límite por ese abuso que suponen las tarjetas revolving. Y hay que evitar llegar a estas situaciones».
