A finales de marzo de 2025, más de 4,26 millones de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que huyeron de Ucrania como consecuencia de la guerra de agresión rusa contaban con estatus de protección temporal en la UE. Alemania, Polonia y Chequia se destacan como los países que albergan a la mayor cantidad de beneficiarios, con 1.184.890, 997.120 y 365.055 personas respectivamente, lo que representa el 27,8 %, 23,4 % y 8,6 % del total de la UE.
Sin embargo, en comparación con finales de febrero de 2025, la cifra de personas bajo protección temporal en la UE disminuyó en 45.455, lo que equivale a un 1,1 %. Las reducciones más significativas se registraron en Chequia, con una disminución de 32.695 (-8,2 %), Suecia con 20.505 (-43,2 %) y Lituania con 4.845 (-9,9 %). Esta disminución se atribuye en gran medida al término de los estatus de protección temporal en marzo de 2025, aunque algunos individuos podrían estar temporalmente excluidos mientras se encuentra en proceso de renovación.
En contraposición, 18 países de la UE vieron un aumento en el número de personas bajo protección temporal, destacándose Alemania con un incremento de 7.090 (+0,6 %), Polonia con 2.330 (+0,2 %) y España con 2.275 (+1,0 %).
En términos de proporciones, Chequia, Polonia y Letonia presentan el mayor ratio de beneficiarios de protección temporal por cada mil habitantes, con 33,5, 27,2 y 26,4 respectivamente, en comparación con un promedio de 9,5 en toda la UE. A finales de marzo de 2025, los ciudadanos ucranianos representaban más del 98,4 % de los beneficiarios de protección temporal, con las mujeres adultas constituyendo casi la mitad (44,7 %), mientras que los menores representaban alrededor de un tercio (31,7 %) y los hombres adultos menos de una cuarta parte (23,6 %).
Estos datos se basan en la Decisión de Implementación del Consejo de 4 de marzo de 2022, que reconoce la existencia de un flujo masivo de personas desplazadas desde Ucrania debido a la guerra y establece medidas de protección temporal. El 25 de junio de 2024, el Consejo Europeo decidió extender dicha protección hasta el 4 de marzo de 2026, asegurando así la continuidad del apoyo a estas personas en sus países de acogida.
