La reciente votación en el Parlamento Europeo sobre la simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) ha desatado tensiones dentro del órgano legislativo, centrando la atención en la exención del aluminio. Este mecanismo, cuya aplicación se prevé para enero de 2026, podría incrementar los costes de producción de aluminio en Europa entre un 24% y un 31%, lo que plantearía serios riesgos para la competitividad del sector y fomentaría un aumento en las importaciones de aluminio de países no pertenecientes a la Unión Europea.
La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA), que representa a más de 650 empresas del sector, ha expresado su preocupación por el impacto que este impuesto podría tener en la industria. Según la AEA, la implementación del CBAM podría promover la desindustrialización de la producción local, afectando no solo a las fundiciones, sino también a toda la cadena de valor del aluminio, lo que podría resultar en una significativa pérdida de empleos.
Ante estos desafíos, la AEA ha hecho un llamado a los responsables políticos para establecer un diálogo directo y urgente sobre el tema. La necesidad de revisar la aplicación del CBAM es apremiante, en especial después de que la votación del pasado jueves reflejara un considerable apoyo hacia la exención del aluminio, con 187 votos a favor de esta medida.
Este contexto pone aún más de relieve la importancia del aluminio, un material considerado estratégico por la Unión Europea. La asociación está actualmente trabajando a niveles altos para defender los intereses de la industria, contribuyendo al debate en torno al verdadero impacto de la aplicación del CBAM en las empresas europeas y españolas del sector.
La AEA sigue comprometida en la defensa de los sectores que representa, promoviendo la calidad y sostenibilidad de la industria, y gestionando diversos sellos de calidad para los tratamientos de superficie del aluminio. La situación actual evidencia la necesidad de un análisis exhaustivo y una conversación abierta antes de la revisión prevista para octubre, subrayando la urgencia de proteger el futuro de esta esencial industria en Europa.
