El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúa consolidando su régimen autoritario, tras desmantelar los últimos controles sobre su poder, lo que ha llevado a graves violaciones de los derechos humanos. Un reciente informe del Grupo de Expertos sobre derechos humanos, que actúa bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde marzo de 2022, destaca la transformación de Nicaragua en un Estado represor, donde no existen instituciones independientes capaces de desafiar al gobierno.
Desde 2018, la persecución política ha sido una constante, pero en el último año, la represión se ha intensificado, estableciendo una sinergia entre el Estado y el partido gobernante que ha creado una «maquinaria unificada de represión». Según el informe, los métodos utilizados incluyen el exilio forzado, represalias económicas y una vigilancia masiva que permite al gobierno controlar a la población y silenciar cualquier tipo de oposición.
Una de las reformas más impactantes adoptadas el 18 de febrero ha sido la enmienda constitucional que elimina los últimos vestigios de controles constitucionales, otorgando un poder absoluto al Ejecutivo. Esta modificación convierte a los poderes judicial y legislativo en meras dependencias del presidente, consolidando el dominio total de Ortega y Murillo sobre todas las instituciones del Estado.
Los expertos subrayan que fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista han colaborado en la violación de derechos y en la represión de manifestaciones, como las de 2018, que resultaron en más de 300 muertes. Además, desde entonces, se ha incrementado la práctica de detenciones arbitrarias y la privación de nacionalidad, afectando a un número creciente de nicaragüenses. Hasta septiembre de 2024, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala, lo que sumó 452 casos de desnacionalización de manera arbitraria. El gobierno también ha intensificado la confiscación de bienes privados, dificultando aún más la situación de quienes disienten del régimen.
Los expertos han calificado esta situación como un gobierno en guerra contra su propio pueblo y han documentado violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, especialmente en lo que respecta a la persecución política. En su informe, se detallan los nombres de individuos que, junto a Ortega y Murillo, podrían ser considerados responsables de estas violaciones, y se plantea la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas contundentes.
El Grupo de Expertos insta a la comunidad internacional a no ser meros observadores, sino a actuar de forma decisiva, implementando acciones legales y sanciones específicas contra los responsables para evitar que la inacción prolongue el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Además, se hace un llamado para apoyar a la sociedad civil, medios de comunicación independientes y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos en el país.
Fuente: ONU últimas noticias
