Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela han sido acusados de haber llevado a cabo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de diez años, según un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el país. Este informe destaca que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido responsables de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles y violencia sexual y de género, tanto durante protestas como en campañas de persecución política.
La Misión señala que la impunidad ha facilitado la continuidad de estos abusos, afirmando que la GNB ha estado involucrada en una represión sistemática y coordinada contra opositores al régimen. Marta Valiñas, presidenta de la Misión, subrayó que la GNB sigue un patrón de acción que promueve una «doctrina de seguridad nacional», la cual ha legitimado la militarización de la seguridad pública, permitiendo que la GNB asuma un papel central en el control social y la represión interna.
El informe también documenta el uso desproporcionado de la fuerza, especialmente durante las protestas en años clave como 2014, 2017, 2019 y 2024. Se ha revelado el uso indiscriminado de armas de fuego y la práctica de alterar proyectiles para causar mayor daño a las víctimas. Las detenciones arbitrarias, muchas de ellas masivas y selectivas, han ido acompañadas de violencia física, torturas y casos de violencia sexual dentro de los centros de detención.
La Misión destacó la incapacidad del sistema judicial venezolano para investigar adecuadamente estas violaciones, señalando un patrón de impunidad estructural que obstruye el proceso de justicia. Los altos mandos de la GNB y otros funcionarios políticos podrían ser responsables penalmente por estos crímenes, y la falta de rendición de cuentas plantea una grave situación de derechos humanos en el país.
El informe, elaborado por los expertos Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Patrícia Tappatá Valdez, concluye que la ausencia de justicia adecuada requiere una respuesta contundente tanto a nivel nacional como internacional para abordar estas violaciones sistemáticas.
Fuente: ONU últimas noticias
