El mercado de la vivienda en España ha mostrado un crecimiento notable en 2024, con indicadores inmobiliarios que han experimentado cifras interanuales positivas, sobre todo en el segundo semestre. Sin embargo, la falta de oferta se erige como el principal reto del sector, generando un aumento considerable en los precios y subrayando la urgencia de contar con un parque de vivienda pública adecuado para atender a los colectivos más vulnerables.
En este complejo panorama, Tecnotramit ha destacado las dificultades que enfrenta el modelo de promoción pública de alquiler en España, que se traduce en una participación escasa de oferentes en las licitaciones. La empresa ha identificado cuatro grandes obstáculos que los promotores de alquiler social deben enfrentar actualmente.
En primer lugar, el notable incremento del 38% en los costes de construcción en la última década es una de las principales barreras. Este aumento no solo responde al coste de los materiales, sino también a la creciente dificultad para encontrar mano de obra cualificada.
Asimismo, Tecnotramit señala la limitación del precio de los módulos como un segundo gran impedimento. La regulación de estos precios, revisada solo por algunas comunidades autónomas, limita las potenciales ganancias que un promotor puede obtener, lo que desincentiva la construcción de más viviendas protegidas.
El tercer obstáculo mencionado es la problemática de financiación. La transición de un modelo de construcción orientado a la venta a uno enfocado en el alquiler presenta nuevos desafíos financieros. La ausencia de preventas, que antes permitían obtener anticipos de capital, complica el acceso a recursos necesarios para la inversión. Además, la imposibilidad de compartir el riesgo de crédito entre los compradores de las viviendas afecta especialmente a los promotores más pequeños y medianos, limitando también la participación de la banca comercial en este tipo de operaciones.
Finalmente, Vicenç Hernández Reche, economista y CEO de Tecnotramit, enfatiza la necesidad de reducir la carga fiscal tanto de la construcción como del mantenimiento de las viviendas. Hernández Reche destaca que, por ejemplo, un 45% de la renta que abona un arrendatario en derecho de superficie se destina al pago de impuestos.
Ante esta situación, se vuelve crucial abordar estas dificultades para favorecer un entorno en el que la promoción pública de alquiler sea viable, garantizando el acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos de la población.
