En medio de un creciente clima de protestas en diversas ciudades de Estados Unidos, varios estados están intentando penalizar el uso de mascarillas en estos eventos. Este fenómeno ha suscitado un debate intenso, especialmente tras las recientes demandas del Presidente, quien, refiriéndose a las protestas en Los Ángeles, expresó: «¡ARRESTEN A LAS PERSONAS CON MÁSCARAS, AHORA!»
Quienes defienden el uso de mascarillas argumentan que estas protegen tanto la salud pública como el derecho a la privacidad. En un entorno donde el temor a enfermedades transmisibles sigue presente, la mascarilla se convierte en una herramienta valiosa para quienes desean participar en manifestaciones, especialmente aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos. Además, el uso de mascarillas puede ser considerado una práctica legítima de defensa contra la vigilancia, dada la proliferación de tecnología de reconocimiento facial y el control excesivo por parte de las autoridades.
El aumento de vigilancia ha llevado a muchos a sentirse inseguros, inhibiendo su disposición a manifestarse. La preocupación por ser identificados y posibles represalias laborales puede resultar en un efecto disuasivo considerable ante la participación en protestas. Ante este panorama, muchos ciudadanos consideran que el anonimato es un derecho humano fundamental.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha abogado históricamente por la protección de la privacidad y el anonimato, tanto en el ámbito digital como en el público. Si bien no existen soluciones perfectas para evadir la vigilancia, la institución sostiene que aquellos que deseen proteger su identidad en protestas no deberían ser criminalizados.
Por otro lado, la EFF también enfatiza que, a diferencia de los manifestantes, los oficiales de la ley deben identificarse. Esto no solo fomenta la rendición de cuentas, sino que también actúa como un desincentivo contra la mala conducta policial.
Dadas las circunstancias actuales, muchos consideran que las medidas para restringir el uso de mascarillas en protestas son una violación a las libertades civiles, así como una respuesta desmedida ante la disidencia pública. La lucha por el derecho a expresarse y manifestarse de manera anónima continúa siendo un tema crucial en el debate sobre los límites de la autoridad del gobierno.
Fuente: EFF.org
