El uso de drones como primer respondedor, conocido como DFR (Drone as First Responder), ha experimentado un notable aumento en su aceptación y normalización en 2025. Aunque el concepto comenzó a gestarse en 2018, este año se caracterizó por su integración en estructuras de centros de delincuencia en tiempo real y la implementación de despliegue automatizado de drones. Los programas de DFR cuentan con flotas de drones equipados con cámaras que pueden ser operados por un piloto o, cada vez más, desplegados de manera autónoma en respuesta a llamadas de emergencia.
Para que los operadores puedan utilizar drones fuera de su línea de visión, deben obtener una exención de la Administración Federal de Aviación (FAA), un proceso que ha sido criticado por su lentitud. En mayo de este año, la FAA introdujo nuevos requisitos que facilitaron la obtención de estas exenciones, resultando en la aprobación de 410 solicitudes en los dos primeros meses del nuevo proceso, cifra que representa casi un tercio del total de exenciones concedidas desde el inicio de los programas de DFR.
Además, el gobierno federal ha tomado importantes decisiones en el ámbito de los drones. Un mes después de que entraran en vigor las nuevas exenciones, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para impulsar la industria de drones en el país. Sin embargo, a finales de año, DJI, uno de los mayores fabricantes de drones del mundo, se encontró restringido de lanzar nuevos productos en EE. UU. a menos que se realice una auditoría de seguridad solicitada por la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Por otro lado, este año marcó un avance significativo en la automatización de los despliegues de drones. Nuevos modelos han sido diseñados para operar con mínima intervención humana, utilizando inteligencia artificial y direcciones automatizadas para su despliegue. Esta evolución también se ha acompañado de colaboraciones entre empresas tecnológicas que han mejorado la capacidad de vigilancia de los drones, integrando herramientas como lectores automáticos de matrículas.
La transparencia en la adopción y el uso de estas tecnologías es esencial, especialmente en el contexto de la vigilancia policial. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha estado monitorizando el crecimiento de los programas de DFR en todo el país y alienta a los ciudadanos a investigar más a fondo a través de las leyes de acceso a la información pública.
Sin embargo, el uso de drones para vigilancia plantea preocupaciones significativas. Estos dispositivos pueden capturar imágenes y vídeos desde ángulos privilegiados, lo que presenta riesgos para la privacidad de los ciudadanos. Es fundamental que se establezcan políticas claras sobre la retención de datos y el uso de estas grabaciones, así como que se evite la militarización de la vigilancia a través del uso de tecnologías avanzadas.
Dado el crecimiento y la sofisticación de los DFR, es imperativo que en el próximo año se promueva la formulación y aplicación de estándares en su adopción y uso. Las comunidades deben estar informadas sobre cómo se utilizan estos drones y exigir una supervisión adecuada.
Fuente: EFF.org
