La deportación de un número significativo de nacionales de terceros países desde Estados Unidos ha generado serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que esta situación afecta a derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación estadounidense como en el derecho internacional, incluyendo las garantías procesales, la protección contra la detención arbitraria y el derecho a un recurso efectivo.
Según datos oficiales, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142.000 personas fueron deportadas. Entre ellas, se encuentran al menos 245 venezolanos y aproximadamente 30 salvadoreños, cuyo paradero sigue sin esclarecerse. Muchos de los deportados han sido enviados a El Salvador bajo la acusación de ser supuestos miembros de grupos criminales, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los detenidos, algunos de los cuales estarían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, enfrentan condiciones extremadamente duras. Sin acceso a representación legal ni a sus familiares, la falta de contacto con el mundo exterior agrava su situación. ÑTürk ha manifestado su preocupación por la forma en que se llevaron a cabo estas detenciones, que incluyen el uso de grilletes y una retórica degradante hacia las personas migrantes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recabado información de familiares y abogados sobre más de 100 venezolanos en el mencionado centro. Muchos de estos detenidos no fueron informados sobre su deportación a un tercer país y carecieron de la posibilidad de recurrir legalmente su situación antes de ser expulsados.
Las familias de los deportados han expresado una profunda angustia y desesperación al no saber en qué condiciones se encuentran sus seres queridos. Algunos apenas se enteraron de su situación al reconocerlos en vídeos difundidos en redes sociales. La sensación de impotencia es palpable; muchos sienten que sus familiares han sido estigmatizados y tratados como delincuentes sin previa comprobación judicial.
Türk ha destacado el papel crítico que el poder judicial y la sociedad civil de Estados Unidos desempeñan en la protección de los derechos humanos. Ha instado al gobierno estadounidense a adoptar medidas urgentes para garantizar el debido proceso y a poner fin a la deportación de individuos a países donde podrían enfrentar riesgos de tortura o daño irreparable.
Fuente: ONU últimas noticias
