El 13 de agosto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley que otorga amnistía a los miembros de las fuerzas de seguridad y de los comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. Esta nueva legislación no solo libera a los condenados por delitos relacionados con el conflicto que tengan más de 70 años, sino que también ha generado una fuerte oposición a nivel internacional.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su profunda preocupación, calificando la ley como un retroceso en el camino hacia la justicia por las violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el periodo de conflicto. Volker Türk, en su declaración, destacó que esta normativa «transgrede los estándares internacionales» y representa una «afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad». Asimismo, advirtió que cientos de casos, tanto resueltos como en curso, podrían verse afectados por esta amnistía.
Türk también enfatizó que las leyes internacionales, que Perú tiene la obligación de seguir, prohíben de manera clara las amnistías y la prescripción de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Durante el conflicto interno, se documentaron numerosas atrocidades, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, que constituyen crímenes de guerra.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente 70.000 personas perdieron la vida durante este conflicto, siendo el 30% de ellas víctimas de agentes del Estado, mientras que más de 20.000 desaparecieron. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú ha informado que los tribunales peruanos han emitido sentencias en 150 casos, mientras que más de 600 esperan resolución.
El Alto Comisionado de la ONU ha instado a la anulación de esta ley, señalando que el retroceso en la búsqueda de justicia y reconciliación debe revertirse de inmediato. La ley de amnistía recibió el apoyo del partido Fuerza Popular, liderado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes de derechos humanos y corrupción durante su tiempo en el poder. Fujimori, que estuvo en prisión durante doce años, fue indultado en 2017, aunque este indulto fue revocado por la Corte Suprema un año después, y finalmente, fue liberado en diciembre de 2023 por el actual gobierno.
Fuente: ONU últimas noticias
