Un nuevo escándalo ha surgido en torno a las prácticas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, después de que se revelara el uso de una aplicación de reconocimiento facial llamada Mobile Fortify. Esta herramienta ha sido objeto de críticas por parte de una coalición de organizaciones de derechos civiles, que argumentan que su uso infringe los derechos y la dignidad tanto de migrantes como de ciudadanos estadounidenses.
La coalición, que incluye a la Electronic Frontier Foundation (EFF), Asian Americans Advancing Justice y el Project on Government Oversight, ha instado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a suspender el uso de Mobile Fortify. También exigen la publicación de los análisis de privacidad de la agencia sobre esta aplicación y una clarificación de la política de ICE en relación al reconocimiento facial.
En una carta enviada por la organización EPIC, las críticas se centran en las prácticas imprudentes de ICE, que carecen de la opción de consentimiento para los individuos que son escaneados. Además, se ha señalado que los agentes de ICE tienen la discrecionalidad de utilizar un emparejamiento de reconocimiento facial como un determinante definitivo del estado migratorio de una persona, incluso ante evidencia contraria. Esta situación es particularmente alarmante, ya que hay reportes de incidentes en los que ICE ha considerado a ciudadanos estadounidenses como sujetos de deportación basándose en confirmaciones biométricas erróneas.
Mobile Fortify no solo implementa reconocimiento facial de manera no consensuada, sino que también interroga una amplia variedad de bases de datos gubernamentales. Han surgido preocupaciones de que agentes federales estén utilizando esta tecnología para identificar y posiblemente perseguir a manifestantes que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda. A pesar de estos riesgos, ICE declaró que no era necesario realizar una nueva Evaluación de Impacto en la Privacidad, una práctica estándar para las tecnologías gubernamentales que recopilan datos personales.
La EFF ha estado monitoreando este tipo de tecnología durante más de una década. En 2013, la organización alertó sobre el uso de teléfonos equipados con reconocimiento facial distribuidos a agencias de aplicación de la ley, incluyendo a funcionarios de inmigración. En 2019, la EFF colaboró en la aprobación de una ley que prohibió temporalmente la recolección de datos biométricos mediante dispositivos móviles, lo que resultó en la suspensión de un programa de este tipo.
La comunidad de derechos civiles ha manifestado que continuarán luchando contra el uso de tecnologías de reconocimiento facial en manos de agencias de inmigración, reafirmando su compromiso de salvaguardar la privacidad y los derechos de todos los individuos.
Fuente: EFF.org
