Un informe de la Oficina de Derechos Humanos publicado este jueves plantea serias preocupaciones sobre la comisión de actos de limpieza étnica por parte de las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania. En medio de una intensificación de los ataques y traslados forzosos, el documento sugiere que las acciones de las fuerzas israelíes parecen estar dirigidas al desplazamiento permanente de la población palestina en los territorios ocupados.
El informe, que abarca desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025, destaca que «los ataques intensificados y la destrucción metódica de barrios completos, junto con la denegación de asistencia humanitaria, parecen tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza». Las preocupaciones sobre la limpieza étnica se ven reforzadas por los traslados forzosos de personas que buscan un desplazamiento duradero.
Más allá del período analizado, se estima que entre octubre de 2023 y febrero de 2026, más de 72.000 palestinos han muerto y alrededor de 171.000 han resultado heridos a causa de las operaciones militares israelíes. Desde el alto el fuego en octubre de 2025, las cifras indican que 601 palestinos han perdido la vida y 1.607 han sido heridos.
El documento señala un aumento alarmante en la violencia contra civiles, con la matanza y mutilación de un número sin precedentes de palestinos, además de la creciente hambruna y la destrucción de la infraestructura civil restante. Se destaca que al menos 463 palestinos, entre ellos 157 niños, han muerto por inanición, lo que se atribuye directamente a las acciones del gobierno israelí, que ha bloqueado la entrada y distribución de ayuda humanitaria en la región.
El informe contextualiza la utilización del hambre como una técnica de guerra, que se considera un crimen de guerra, además de señalar posibles crímenes de lesa humanidad y hasta genocidio si se lleva a cabo con la intención de destruir un grupo nacional o étnico.
En relación con Cisjordania, el informe detalla el uso sistemático de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, destacando la detención arbitraria y las torturas a palestinos bajo custodia. También se observa un patrón de demoliciones ilícitas de viviendas palestinas que buscan discriminar y controlar a la población.
El documento destaca un «clima generalizado de impunidad» por las violaciones de derechos humanos, subrayando que el sistema judicial israelí no ha implementado medidas efectivas para rendir cuentas. A su vez, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra.
Además, el informe llama a la comunidad internacional a detener la venta de armas que apoyen estas violaciones y enfatiza que la justicia es fundamental para una reconstrucción efectiva de Gaza, instando a que los palestinos participen activamente en los procesos de gobernanza relacionados con su futuro.
En el contexto actual, también se documenta la retención de rehenes por parte de Hamás y otros grupos armados palestinos, quienes han sido involucrados en actos de violencia y tortura. Este informe se enmarca en un conflicto histórico que se remonta a la creación del Estado de Israel en 1948 y el desplazamiento forzado de miles de palestinos, un evento conocido como la Nakba.
Fuente: ONU últimas noticias
