Expertos de la ONU han manifestado su condena tras el desalojo de más de 400 migrantes del asentamiento informal conocido como B9 en Badalona, ocurrido el 17 de diciembre. Este desalojo ha estado marcado por un discurso estigmatizador por parte de las autoridades, calificándolo como “inaceptable”.
La legislación sobre derechos humanos es clara al respecto: desalojar a personas en pleno invierno y dejarlas sin hogar representa una grave violación del derecho a una vivienda adecuada, así como de otros derechos fundamentales. Los expertos han afirmado que desalojar repetidamente a personas sin ofrecer alternativas habitacionales puede ser considerado un trato cruel, inhumano o degradante, lo cual está estrictamente prohibido por el derecho internacional.
B9, que había sido una antigua escuela secundaria, era el asentamiento informal más grande de Cataluña, albergando entre 400 y 500 migrantes. Tras el desalojo, solo unos 30 residentes considerados en situación de vulnerabilidad extrema recibirán alojamiento de emergencia a corto plazo. Sin embargo, muchos más se ven ahora sin opciones viables, lo que los obliga a regresar a otros asentamientos informales o incluso a acampar al aire libre.
Los expertos también han criticado al alcalde Xavier García Albiol, quien procedió con el desalojo a pesar de las súplicas para que se pospusiera hasta encontrar alternativas adecuadas para los afectados. Además, han señalado que el discurso utilizado por las autoridades, que categoriza a los residentes de B9 como una fuente de inseguridad y les tilda de delincuentes, es perjudicial y no está respaldado por pruebas.
La mayoría de los desalojados provienen de países de África occidental y subsahariana, incluidos grupos vulnerables como mujeres, personas mayores y aquellas con necesidades médicas. A pesar de las dificultades que enfrentan los migrantes para acceder a una vivienda adecuada, el Ayuntamiento de Badalona mantiene una política de no proporcionar alternativas de vivienda a los afectados.
Los relatores han calificado la situación como un fallo estructural que demanda una respuesta urgente basada en los derechos humanos. Instan a las autoridades a garantizar que todas las personas desalojadas tengan acceso a una vivienda segura y adecuada, protegiendo así sus derechos y dignidad.
Fuente: ONU últimas noticias
