Un recientemente publicado informe de la ONU sobre Comercio y Desarrollo advierte que la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un canal crucial por donde transita una cuarta parte del comercio mundial de petróleo y un tercio de los fertilizantes, está generando serias repercusiones en la economía global. Los precios del crudo han superado los 90 dólares por barril y, en solo dos semanas, los fletes de petroleros han aumentado más del 70%. Así mismo, las primas de seguro por riesgo de guerra se han cuadruplicado, agregando hasta un millón de dólares al coste de cada viaje.
El informe señala que el impacto más alarmante podría ser el encarecimiento del gas y los fertilizantes, lo que amenaza la producción de alimentos en países ya vulnerables, como Sudán, Somalia, Sri Lanka y Mozambique, donde más de una quinta parte de los fertilizantes se importan desde el Golfo Pérsico.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su seria preocupación por los riesgos para la salud derivados de los recientes bombardeos a infraestructuras petroleras en Irán. La población ha sido advertida acerca de los peligros de la «lluvia negra» y la contaminación tóxica generada por los ataques. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, destacó que la combinación de la lluvia ácida con contaminantes podría ocasionar daños severos a la salud, incluido el riesgo de quemaduras químicas en la piel y problemas respiratorios.
Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su inquietud sobre el cumplimiento del derecho internacional humanitario en relación con estos ataques, sugiriendo que podrían no haber sido justificados militarmente.
En el ámbito de derechos humanos, un nuevo informe sobre Nicaragua revela que el gobierno está utilizando recursos públicos para financiar una red de espionaje enfocada en exiliados. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, encabezado por Jan-Michael Simon, el régimen de Ortega-Murillo ha monetizado la represión, desviando fondos destinados a asistencia social hacia operaciones de seguridad violentas. Este informe pone de manifiesto la persecución política y las violaciones a los derechos humanos, señalando que las acciones desde 2018 podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Por último, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Satélites de UNITAR anunciaron una alianza destinada a mejorar la respuesta ante desastres. Este nuevo sistema, que combina análisis satelital con verificación en el terreno, permitirá evaluar daños en zonas de crisis en 48 horas. Esta tecnología ha demostrado ser efectiva en incidentes recientes, como el terremoto de 2025 en Myanmar, facilitando la identificación del daño y la planificación de la recuperación en un tiempo récord.
Fuente: ONU últimas noticias