Un juez federal ha desestimado la solicitud del gobierno para archivar una demanda por incumplimiento de la Ley de Privacidad presentada por dos sindicatos de empleados públicos de Estados Unidos. Esta decisión se produce en el contexto de la revelación de información muy sensible de decenas de millones de empleados federales, jubilados y solicitantes de empleo al «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE) de Elon Musk. La revelación de estos datos supone una violación de la Ley de Privacidad, que establece límites estrictos sobre cómo el gobierno federal puede utilizar la información personal de los ciudadanos.
Los sindicatos, representados por el American Federation of Government Employees (AFGE) y el Association of Administrative Law Judges (AALJ), alegan que la información divulgada incluye números de seguro social, historial médico, información financiera y datos sobre familiares de los demandantes. El tribunal sostuvo que los demandantes habían demostrado un «daño concreto» como resultado de esta divulgación, lo que les proporciona «legitimidad» para proceder con la demanda.
La Corte evaluó los daños alegados en términos legales y concluyó que las revelaciones de datos afectaron a la privacidad de los demandantes de manera «altamente ofensiva». Además, destacó que el acceso inadecuado a la información podría incrementar la vulnerabilidad a hackeos y robo de identidad, lo que representaría un riesgo significativo para la seguridad de sus datos.
La Corte también rechazó el argumento del gobierno que sostenía que los demandantes no podían alegar perjuicios si no se demostraba que los agentes de DOGE habían usado la información. El tribunal determinó que la mera exposición de información personal a terceros no autorizados es, en sí misma, un daño suficiente bajo la ley de privacidad.
Los demandantes ahora pueden continuar con sus alegaciones de que el gobierno violó la Ley de Privacidad en múltiples aspectos, tanto en la divulgación indebida de información como en la falta de protección adecuada para los datos. Además, la Corte permitió que procedan con reclamaciones adicionales contra el gobierno por actuar de manera «arbitraria y caprichosa». Esto se debe a que el tribunal encontró que el proceso de incorporación de los agentes de DOGE fue apresurado y carente de las medidas de seguridad necesarias.
La decisión del juez marca un paso importante en la lucha por la protección de datos personales frente a una creciente preocupación por la forma en que el gobierno maneja la información sensible de sus ciudadanos. Con la denuncia del acceso inapropiado y la falta de protección adecuada como telón de fondo, los demandantes están listos para continuar con el proceso judicial y buscar medidas correctivas.
Esta situación se vuelve aún más relevante a la luz del origen de la Ley de Privacidad en 1974, que se implementó para restaurar la confianza en el gobierno tras escándalos como Watergate. La reciente divulgación de información por parte del DOGE podría ser considerada una de las violaciones más graves de esta ley desde su promulgación, lo que resalta la necesidad de proteger la privacidad de los ciudadanos en un entorno cada vez más digitalizado.
Fuente: EFF.org
