El Gobierno de España ha presentado una reforma del Reglamento de Extranjería mediante el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que introduce un proceso extraordinario de regularización destinado a extranjeros en situación irregular que residen en el país. Esta es la séptima gran regularización desde el retorno a la democracia y la primera desde el año 2005, con la expectativa de que más de 500.000 personas se beneficien de esta medida en todo el territorio nacional.
Las solicitudes para este proceso de regularización se podrán presentar entre abril y el 30 de junio de 2026, por lo que se insta a empleadores y empresas a prepararse con antelación. Para ser elegible, un trabajador extranjero deberá cumplir varios requisitos clave, como haber ingresado a España antes del 1 de enero de 2026, mostrar una permanencia continua en el país de al menos cinco meses al momento de la solicitud, y no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para la seguridad pública.
Además, se contempla la inclusión de solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes de la fecha límite. Un aspecto destacado de este proceso es la protección especial para los hijos menores de edad en España, quienes recibirán un permiso de residencia de cinco años.
El proceso también reportará un impacto significativo para los empleadores. Una vez admitida a trámite la solicitud, el trabajador quedará habilitado provisionalmente para residir y trabajar tanto por cuenta ajena como propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional, lo que permitirá a las empresas formalizar contratos de manera inmediata y con total seguridad jurídica. Desde la presentación de la solicitud, se suspenderán los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión relacionadas con el trabajador, beneficiando tanto a la persona contratada como al empleador.
En caso de que la resolución sea positiva, el trabajador obtendrá un permiso de residencia y trabajo por un año, sin restricciones de sector o territorio, que será renovable conforme a la normativa habitual una vez transcurrido el período.
Por su parte, las empresas que incorporen a trabajadores beneficiarios de esta regularización deberán cumplir con sus obligaciones habituales, que incluyen formalizar el contrato por escrito, dar de alta al trabajador en la Seguridad Social desde el primer día, y conservar la copia de la autorización que habilita al trabajador para ejercer su actividad. Asimismo, es vital controlar la fecha de caducidad del permiso para gestionar la renovación con antelación.
El proceso para la regularización está en marcha, con el Consejo de Estado emitiendo su dictamen en marzo de 2026, seguido por la apertura del período de solicitudes en abril y el cierre el 30 de junio de 2026. Se prevé un plazo máximo de resolución de tres meses desde la admisión de la solicitud, con un silencio administrativo negativo en caso de que no se resuelva expresamente.
Esta iniciativa representa una oportunidad importante para regularizar la situación de numerosos trabajadores que ya son parte del tejido laboral del país o para sumar nuevos perfiles al mercado. Sin embargo, la complejidad de la normativa requiere de una actuación cuidadosa y el respaldo de profesionales especializados.
