La administración Trump ha intensificado su esfuerzo por vigilar y suprimir la actividad en redes sociales de los estudiantes extranjeros. Recientemente, el Departamento de Estado anunció un controversial requisito para los solicitantes de visas de estudiante y de intercambio: deberán configurar todas sus cuentas de redes sociales como “públicas” para su revisión por parte del gobierno. Además, se advierte que aquellas personas que se nieguen a desbloquear sus cuentas o que no mantengan una presencia activa en redes sociales podrían ser interpretadas como sospechosas o como intentos de ocultar su actividad en línea.
Esta medida representa una grave violación de la privacidad, ignorando las razones legítimas que tienen millones de personas para restringir sus perfiles en redes sociales. Al obligar a los solicitantes a renunciar a su protección personal como condición para acceder a universidades estadounidenses, la administración está forzando a estos individuos a exponer una cantidad considerable de información personal, no solo al gobierno estadounidense, sino también a cualquier usuario de Internet.
El nuevo enfoque del gobierno supone un claro aumento de las políticas de colección de datos sobre redes sociales que han estado en vigor desde 2019. Aunque anteriormente se requería que los solicitantes revelaran sus nombres de usuario en estas plataformas, ahora se da un paso más al exigir la publicación de dichas cuentas, lo cual vulnera aún más el derecho a la privacidad. Los perfiles en redes sociales suelen contener detalles íntimos de la vida de una persona, como creencias políticas, información de salud y relaciones personales. Esta información, una vez revelada, es extremadamente difícil de retractar, ya que el gobierno puede continuar monitoreando estas cuentas aún después de concluido el proceso de solicitud de visa.
Los solicitantes no solo enfrentan el riesgo de que su información personal se almacene en bases de datos gubernamentales durante décadas, sino que además podrían estar exponiendo sus datos a posibles ciberdelincuentes, empleadores y otros interesados en su vida privada. Esto plantea una problemática adicional: aquellas personas en su red social también corren el riesgo de ser vigiladas por asociación, lo que podría resultar en una vigilancia más amplia.
La necesidad de mantener cuentas de redes sociales privadas es evidente por diversas razones. Muchos individuos, incluidos sobrevivientes de violencia doméstica, optan por limitar su exposición en línea para protegerse de acosadores y agresores. Además, otras comunidades vulnerables, como las personas LGBTQ+, utilizan las configuraciones de privacidad para evitar el acoso y las amenazas. Por otro lado, activistas, disidentes políticos y periodistas dependen de estas configuraciones para salvaguardar su seguridad ante posibles represalias.
Cuando la administración defiende esta política argumentando que la visa es un «privilegio y no un derecho», ignora el hecho de que la privacidad y la libre expresión son derechos fundamentales. La implementación de estas medidas no solo pone en riesgo la seguridad de individuos y comunidades, sino que también crea un ambiente opresivo que desalienta la libre expresión tanto de ciudadanos como de no ciudadanos.
La administración alega que estas medidas de vigilancia social harán a América más segura, pero no hay evidencia que respalde esta afirmación. En cambio, el uso de la supervisión de redes sociales para castigar y denegar visas a estudiantes extranjeros por su actividad digital socava la libertad de expresión y puede tener repercusiones muy serias en la vida de aquellos que busquen integrarse a la sociedad estadounidense. La protección de la privacidad y la libertad de expresión deben ser defendidas como derechos inalienables, no como privilegios que se otorgan a conveniencia.
Fuente: EFF.org
