Expertos independientes en derechos humanos designados por la ONU han expresado su profunda preocupación por las violaciones de los derechos de los niños durante los procedimientos migratorios en Estados Unidos. Esta alarma surge casi un año después de que se eliminara la financiación federal para la representación legal de menores no acompañados.
La situación ha llevado a que miles de niños permanezcan bajo custodia sin acceso a asesoría legal, obligándolos a enfrentar solos procesos migratorios complejos y poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. Los tres relatores especiales, quienes forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han estado en contacto con el Gobierno de Estados Unidos para abordar esta problemática.
Conforme a la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, se establece que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos es responsable de la custodia y el cuidado de los menores no acompañados, garantizando la protección contra el maltrato, la explotación y la trata de personas. La ley también estipula que estos niños deben tener acceso a asesoría legal y no pueden ser sometidos a expulsiones aceleradas, es decir, deportaciones sin una audiencia judicial.
Sin embargo, el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro el cese de sus operaciones y la eliminación de la financiación para los abogados que representaban a estos niños. A pesar de que este decreto ha sido impugnado en los tribunales, muchos de los 26,000 niños afectados han perdido su acceso a asesoría legal y están en riesgo de expulsión forzada.
Informes revelan que jóvenes migrantes están siendo detenidos en condiciones deplorables, como celdas sin ventanas, sin adecuado acceso a atención médica y separados de sus padres o cuidadores durante períodos prolongados. Entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia aumentó drásticamente, lo que ha reducido las liberaciones a cuidadores familiares del 95% al 45%.
Adicionalmente, los expertos han documentado casos de deportaciones ilegales de niños no acompañados, contraviniendo la obligación de no devolución, incluso de quienes han sido víctimas de trata. Hay denuncias de que se ha presionado a los menores para aceptar pagos en efectivo de 2,500 dólares para “autodeportarse”, o enfrentar la amenaza de detención indefinida y el traslado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al cumplir los 18 años.
Los relatores han enfatizado que los niños deben tener acceso a recursos administrativos y judiciales que les permitan impugnar decisiones que afecten su situación o la de sus padres o cuidadores. Subrayaron la necesidad de evitar retrasos procesales que puedan perjudicar sus derechos, insistiendo en que los procedimientos acelerados solamente deben aplicarse si son compatibles con el interés superior del menor y no restringen ninguna garantía del debido proceso.
Fuente: ONU últimas noticias
