Un nuevo estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado este lunes, revela que la delincuencia forestal está profundamente interconectada con otras actividades ilegales, como la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de drogas. Esta relación no solo agrava los daños al medio ambiente, sino que también impacta negativamente a las comunidades y a la economía en general.
El informe titulado «Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging», que forma parte del análisis global de delitos que afectan al medio ambiente de la UNODC, ofrece una perspectiva integral sobre el fenómeno de los delitos forestales. Se centra en la dinámica del mercado y en los actores criminales que impulsan la deforestación y la tala ilegales. Angela Me, jefa de Investigación y Análisis de la UNODC, destaca que «los autores de delitos forestales suelen estar implicados en otros tipos de delitos, desde el tráfico de drogas hasta la explotación minera ilegal».
Además, el estudio pone de manifiesto cómo los grupos de delincuencia organizada pueden recurrir a delitos forestales como una forma de aumentar sus beneficios, influencias y control territorial. En Sudamérica, por ejemplo, estos grupos a menudo blanquean las ganancias del narcotráfico a través de actividades relacionadas con la tierra, la agricultura y la ganadería. Por otro lado, en otras regiones como la cuenca del Congo y Somalia, grupos con motivaciones políticas se involucran en la venta y gravamen del carbón vegetal procedente de la tala ilegal.
Los delitos forestales no solo son una cuestión aislada; se infiltran en los procesos legales y las cadenas de suministro, dificultando su represión efectiva. La madera talada ilegalmente a menudo termina en mercados legales mediante el uso de permisos fraudulentos y sobornos, favorecidos por la corrupción de algunos funcionarios y la complicidad de empresas. Recientemente, un funcionario de América Latina afirmó que algunas empresas de construcción desarrollan infraestructuras que facilitan la tala ilegal.
El estudio destaca la necesidad urgente de adoptar un enfoque coordinado, regulaciones más estrictas y una aplicación rigurosa de la ley para combatir de manera efectiva estas amenazas interconectadas que ponen en riesgo la biodiversidad, la economía y la seguridad global. Además, señala que aunque la regulación de los delitos forestales ha tenido éxitos, también ha generado consecuencias inesperadas, como la reubicación de actividades ilegales hacia otras regiones o tipos de árboles.
En definitiva, esto subraya la importancia de que los marcos políticos se adapten a la evolución de las estrategias ilegales y sean evaluados sistemáticamente para cerrar las brechas normativas que facilitan estas prácticas perjudiciales. La lucha contra la deforestación y la tala ilegales es esencial para garantizar la protección y la gestión sostenible de los bosques.
Fuente: ONU últimas noticias
