La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, lanzó una contundente advertencia el martes sobre las sanciones y coacciones dirigidas a la Corte Penal Internacional (CPI), calificándolas como «ataques contra los principios mismos del derecho internacional». Esta declaración se emitió en el marco de la discusión del informe anual de la Corte, tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos a jueces y fiscales del tribunal.
Las sanciones, que figuran como graves restricciones, surgieron después de que la CPI emitiera órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra en Gaza. Estas medidas incluyen el bloqueo de acceso a propiedades en Estados Unidos y prohibiciones de viaje, lo que Baerbock destacó como una amenaza a la independencia judicial.
Baerbock recordó que la Corte se estableció bajo el principio de que «la justicia es un deber universal», aunque su misión aún no se ha cumplido. En sus palabras, la Corte ha enfrentado la impunidad durante más de dos décadas y ha demostrado que la rendición de cuentas es posible, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Sin embargo, reconoció que en la actualidad, la situación es более crítica, dado que las atrocidades continúan impactando la conciencia global.
La presidenta subrayó la importancia de la cooperación internacional para que las investigaciones y las órdenes judiciales se lleven a cabo eficazmente, pero también aseveró que el tribunal ha enfrentado interferencias significativas. Mencionó la sanción a funcionarios de la Corte por defender el estado de derecho y mencionó ciberataques diseñados para socavar su credibilidad. Destacó que estos actos no son incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia deliberada para debilitar el sistema de justicia internacional.
En una resolución presentada a la Asamblea General, se enfatiza que los funcionarios de la Corte deben trabajar «sin intimidación» y se condenan las amenazas e injerencias que puedan afectar su labor. La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, recordó a los delegados que las sentencias dictadas por la Corte son un recordatorio de que la justicia debe ir más allá de las fronteras y los intereses nacionales. Según Akane, la presión y las amenazas contra los jueces socavan la credibilidad del derecho internacional.
Destacando los logros y desafíos, Akane instó a los Estados miembros a defender el sistema jurídico internacional, apuntando a casos cruciales que aún están ante la Corte. Además, subrayó que la efectividad de las órdenes de detención depende de la cooperación de los Estados. Mencionó que en el último año, más de 18,000 víctimas han formado parte de casos en el tribunal, promoviendo una plataforma para que narren sus historias y busquen justicia.
La jueza concluyó sus declaraciones haciendo hincapié en la cuestión de las reparaciones, refiriéndose al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas como una herramienta concreta que ha proporcionado compensaciones a personas afectadas por crímenes de guerra, como en Uganda, donde cerca de 50,000 víctimas han recibido reparaciones económicas.
Fuente: ONU últimas noticias
