Las víctimas de las minas antipersona han experimentado un aumento alarmante en 2024, con un total de 6,274 personas muertas o heridas, marcando la cifra más alta desde 2020, según el informe anual sobre estos explosivos. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona ha desglosado estos datos y revela que, de los afectados, 1,945 son víctimas mortales y 4,325 han resultado heridas, siendo el 90% de ellos civiles, y casi la mitad son niños.
El informe subraya que, a pesar de la vigencia del Tratado de Prohibición de Minas, que lleva 25 años en vigor y cuenta con 166 Estados parte, existe una creciente preocupación por el futuro de este acuerdo. En 2025, cinco países europeos—Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Polonia—han solicitado retirarse del Tratado, argumentando razones de seguridad. Asimismo, Ucrania está intentando suspender temporalmente su aplicación, un movimiento que está prohibido según los términos del Tratado.
La situación se agrava por el recorte de financiamiento a la ayuda humanitaria, que ha impactado negativamente las tareas de desminado y el apoyo a las víctimas. Mark Hiznay, editor del informe, subraya la magnitud de los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad internacional y la imperiosa necesidad de mantener la unidad para abordarlos.
Myanmar ha liderado la lista de países afectados por lenguajes de minas, debido a un uso masivo de estos artefactos que eluden la prohibición internacional. Al mismo tiempo, el regreso de miles de personas a zonas contaminadas en Siria ha provocado un incremento en los riesgos y las víctimas.
El informe destaca que el uso y la producción de minas antipersona continúan siendo una amenaza. Rusia y Myanmar, al margen del Tratado, siguen desplegando minas ampliamente. Además, se han documentado indicios del uso de este tipo de explosivos por parte de Ucrania y se han hecho denuncias sobre las fuerzas armadas de Camboya, mientras que India, Rusia, Myanmar y Corea del Sur mantienen capacidades de producción activas.
A pesar de estos retrocesos, el informe también señala que más de la mitad de los Estados parte afectados han logrado reducir su contaminación en 2024. Treinta y un países han completado el desminado desde la entrada en vigor del Tratado, con Omán sumándose a la lista en 2025. Sin embargo, la superficie total desminada ha disminuido en 2024, principalmente debido a la disminución del financiamiento internacional y a un contexto de inseguridad creciente.
La asistencia a las víctimas sigue siendo un aspecto preocupante, ya que solo recibe el 5% del financiamiento total destinado a la acción contra las minas, y sufrió una caída del 25% en 2024. Miles de supervivientes carecen de acceso a atención médica esencial, rehabilitación y apoyo psicosocial, una situación que necesita atención urgente. La crisis se intensificó a principios de 2025 con la decisión de Estados Unidos de congelar la asistencia exterior, lo que obligó al cierre de varios programas humanitarios y dejó en incertidumbre otros.
El informe hace un llamado a defender el Tratado de Prohibición de Minas, enfatizando que retroceder no es una opción, y que el costo humano de no actuar es demasiado alto. Se advierte que, sin financiamiento estable, compromiso político y presión internacional, los logros alcanzados en los últimos 25 años están en peligro, amenazando la promesa de un mundo libre de minas. La publicación de este estudio coincide con la 22.ª Reunión de los Estados Parte, que se inauguró en Ginebra.
Fuente: ONU últimas noticias
