La intensificación de la violencia y el aumento de las necesidades humanitarias en Colombia están poniendo en riesgo los logros alcanzados en la protección e integración de las poblaciones desplazadas en el país. Esta situación afecta de manera más severa a los grupos más vulnerables, especialmente a mujeres y niños.
Colombia se enfrenta a una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas internamente y casi tres millones de refugiados y migrantes venezolanos, además de más de 500.000 colombianos que han retornado al país. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha proporcionado asistencia a estas poblaciones durante años, reconociendo a Colombia como un ejemplo de solidaridad regional hacia quienes escapan de la violencia.
Sin embargo, la reducción de financiamiento ha llevado a ACNUR a advertir sobre la suspensión de servicios esenciales, lo que podría revertir años de progreso en la estabilidad y la integración de estas comunidades. William Spinder, portavoz de la agencia, señaló que varios programas han tenido que reducirse o interrumpirse, lo que socava los esfuerzos para lograr la autosuficiencia de los refugiados y desplazados.
La región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, se destaca como una de las áreas más afectadas por la falta de recursos. En esta zona, recientes enfrentamientos entre grupos armados han forzado el desplazamiento de más de 63.000 personas, marcando un hito en la historia del desplazamiento en Colombia. A pesar de la creciente violencia, ACNUR se ha visto obligado a detener la distribución de artículos básicos de socorro.
La estabilización a largo plazo del país también se encuentra en riesgo, ya que ACNUR ha suspendido su apoyo a la legalización de asentamientos informales promovidos por el gobierno, una iniciativa que garantiza acceso a derechos de propiedad y servicios básicos para más de 105.000 personas. Sin este respaldo, muchas de estas comunidades permanecen en condiciones de vida precarias.
Los niños son uno de los grupos más perjudicados por la falta de financiamiento, quedando expuestos al reclutamiento por parte de grupos armados. Además, la documentación de más de 500.000 migrantes venezolanos también está en peligro, lo que dificulta su acceso a atención médica, educación y empleo legal, aumentando su vulnerabilidad a la explotación.
Ante esta grave situación, ACNUR ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para incrementar su apoyo y proporcionar los fondos necesarios que le permitan continuar sus operaciones en Colombia. La agencia necesita 118,3 millones de dólares para llevar a cabo su labor este año, mientras que el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos requiere 1.400 millones de dólares, de los cuales solo se ha conseguido un 4,6%.
Fuente: ONU últimas noticias
