La planificación territorial, la seguridad jurídica y la aceptación social se están convirtiendo en factores esenciales para acelerar el despliegue de energías renovables en España. Desde la firma GTA Villamagna advierten que no todos los suelos rurales están legalmente preparados para albergar instalaciones energéticas, y destacan que una planificación deficiente puede resultar en demoras, litigios y costos adicionales para promotores e inversores.
El país enfrenta el desafío de implementar rápidamente energías renovables para cumplir con sus metas energéticas y climáticas, pero sin trasladar conflictos al ámbito urbanístico, ambiental y judicial. En este contexto, el suelo rural ha emergido como un recurso crucial, siendo un punto de atención en el debate sobre el uso de la tierra y la regulación necesaria para su desarrollo.
Javier García, socio de GTA Villamagna, indica que la urgencia por acelerar la transición energética no debe confundirse con el recorte de garantías administrativas. Asegura que, en un entorno de creciente necesidad por impulsar nuevos proyectos, resulta esencial establecer ordenadamente las condiciones y lugares donde se pueden implementar estas iniciativas. Resalta que es crucial evitar que cada iniciativa tenga que lidiar de manera aislada con cuestiones que deberían ser abordadas en la planificación territorial.
La rápida expansión de las energías renovables ha expuesto las limitaciones de marcos de ordenación territorial que fueron diseñados en contextos muy diferentes. La llegada simultánea de varios proyectos en ciertas áreas ha generado la necesidad de que las Administraciones adapten criterios y procedimientos, lo cual ha incrementado la incertidumbre y la conflictividad en algunos casos.
García enfatiza que la clave no reside en elegir entre energías renovables y uso del territorio, sino en lograr una convivencia armónica entre ambos mediante criterios claros y fundamentados. El aumento de conflictos es más probable cuando los proyectos enfrentan normativas poco claras o desactualizadas, además de las diferencias entre comunidades autónomas que complican aún más los procesos.
Una de las creencias erróneas más comunes es asumir que solo la disponibilidad de terrenos asegura el desarrollo de instalaciones renovables. Es fundamental llevar a cabo una evaluación minuciosa de los factores urbanísticos y ambientales que pueden afectar a la viabilidad de un proyecto. García subraya la importancia de revisar no solo la planta de generación, sino también las infraestructuras necesarias para su operación, pues muchos conflictos surgen en relación con las líneas de evacuación o accesos más que con la instalación en sí.
La aceptación social ha adquirido un peso considerable en la viabilidad de los proyectos renovables, ya que la oposición comunitaria puede derivar en recursos y litigios que demoran su implementación. Esta resistencia a menudo no es un rechazo a las energías renovables en sí, sino que se relaciona con la percepción de una inadecuada concentración de proyectos y su impacto en la vida local.
Además, la creación de Zonas de Aceleración de Renovables podría ofrecer una solución para reducir incertidumbres y fomentar una planificación más eficaz. Este enfoque, siguiendo directrices europeas, permite identificar las áreas más adecuadas para el desarrollo de estos proyectos, pero esto solo será efectivo si se apoya en una planificación rigurosa y en la participación activa de todas las partes interesadas.
La seguridad jurídica sigue siendo una preocupación primordial para inversores y promotores, ya que retrasos en evaluaciones o impugnaciones pueden comprometer significativamente la viabilidad financiera de un proyecto. Por ello, la obtención de permisos no es suficiente; es crucial que sean robustos y capaces de resistir impugnaciones.
Desde GTA Villamagna se insiste en la necesidad de reforzar la planificación territorial, dotar a las Administraciones de los medios necesarios y simplificar los procedimientos administrativos y judiciales. Es recomendable involucrar el análisis jurídico desde las etapas iniciales para ayudar a reducir la incertidumbre y evitar disputas en el futuro.
Finalmente, García concluye que la transición energética requiere velocidad, pero también una planificación adecuada. Se debe aspirar a establecer un marco jurídico que facilite el desarrollo de energías renovables de forma segura para todos los involucrados, minimizando la conflictividad y fomentando la confianza en el proceso.
