Durante la presidencia de Donald Trump, un equipo del Departamento de Justicia (DOJ) estaba trabajando en una propuesta destinada a debilitar significativamente la sección 230 de la Ley de Comunicaciones, una normativa crucial que protege la libertad de expresión de los usuarios en internet. Esta actividad se producía en un contexto en el que Trump había emitido una orden ejecutiva en 2020 en respuesta a las revisiones de información y la verificación de hechos llevadas a cabo por diversas plataformas en línea que lo criticaban.
Documentos obtenidos como parte de una demanda de acceso a la información revelan que los oficiales del DOJ, autodenominados “Tiger Team”, se sorprendieron por la acción retaliativa del presidente, que apuntaba a las mismas plataformas que ellos buscaban regular más intensamente. La sección 230 permite que los intermediarios en línea, como redes sociales y blogs, no sean considerados responsables por el contenido publicado por sus usuarios, preservando así el derecho a la libre expresión.
Las conversaciones entre los funcionarios del DOJ indican que la presentación formal de la propuesta de enmienda a la sección 230 se retrasó debido a la orden de Trump, que fue impugnada en base a la Primera Enmienda y posteriormente revocada por el presidente Joe Biden. La Electronic Frontier Foundation (EFF), que representó a los grupos que impugnaron la orden ejecutiva, ha estado llevando a cabo dos demandas para obtener información sobre cómo se implementó esta directiva.
A lo largo del tiempo, el DOJ ha estado desvelando lentamente documentos que detallan su trabajo sobre las enmiendas a la sección 230. En septiembre de 2020, publicó el texto de la propuesta, que buscaba restringir significativamente las protecciones que ofrece esta ley. En particular, la propuesta habría permitido denuncias civiles y procesamientos penales contra servicios en línea si estos fueran informados de que el contenido subido por los usuarios violaba la ley, lo que podría llevar a la eliminación de una gran cantidad de contenido legal por miedo a repercusiones legales.
Además, la propuesta subrayaba una clara intención de imponer responsabilidades a los servicios que hospedaran contenido ilegal, influenciada por la participación de funcionarios de la división de ciberdelincuencia y del FBI en su elaboración. Los documentos también revelan que se consultó a abogados que habían presentado demandas contra servicios en línea para obtener su perspectiva sobre la sección 230, lo que indica un esfuerzo deliberado durante 2020 por parte del DOJ para elaborar un reporte sobre esta normativa.
La demanda de EFF sigue activa, ya que el DOJ ha confirmado que tiene miles de páginas adicionales que revisar y potencialmente liberar. Aunque los documentos reflejan actividades específicas del primer mandato de Trump, su relevancia aumenta en el contexto actual, donde la administración nombra a funcionarios que han amenazado a intermediarios en línea por ejercer sus propios derechos constitucionales. EFF se compromete a seguir publicando toda la información obtenida y a oponerse a cualquier intento que limite los derechos de expresión de los usuarios en internet.
Fuente: EFF.org
