La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha emitido una dura advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, señalando que la persecución de personas percibidas como opositoras políticas ha aumentado y amenaza incluso a aquellos que se encuentran en el exilio. Según la directora de la División de Operaciones Globales, Maarit Kohonen Sheriff, esta situación expone a las personas en el exilio a un alto riesgo de vida y a graves violaciones de su integridad física.
Durante una actualización presentada al Consejo de Derechos Humanos, Kohonen Sheriff destacó el deterioro significativo en el ejercicio de las garantías fundamentales en el país. Mencionó que entre los grupos afectados se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como líderes religiosos y laicos. Desde marzo de este año, el gobierno ha cancelado la personería jurídica de 18 organizaciones sin fines de lucro, sumando un total de 5,535 organizaciones disueltas arbitrariamente desde 2018, lo que representa más del 80% de las entidades que estaban registradas hasta 2017.
La situación de la libertad de prensa también es alarmante, con al menos 178 periodistas exiliados desde 2018. Aquellos que permanecen en Nicaragua se enfrentan a una vigilancia constante, amenazas y censura. Kohonen Sheriff mencionó casos específicos, como el del periodista Leo Cárcamo, quien fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2024 y cuyo paradero sigue siendo desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada.
Además, se han impuesto graves restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de procesiones en espacios públicos durante la Semana Santa. El clero y líderes laicos continúan enfrentando amenazas y exilios forzados.
La nueva Ley Electoral adoptada en marzo suscitó preocupaciones adicionales, al consolidar la concentración del poder en la Presidencia. Esta normativa elimina mecanismos de participación democrática y impone restricciones a la formación de partidos políticos, excluyendo a personas desnacionalizadas y en el exilio. Estas medidas, junto con una reforma constitucional aprobada en enero, generan dudas sobre la continuidad de un sistema multipartidista en el país, y hay incertidumbre sobre la fecha de las próximas elecciones presidenciales.
Kohonen Sheriff apuntó que la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial ha minado gravemente su independencia, permitiendo a la Presidencia proponer al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la publicidad de los procesos penales ahora depende del criterio de las autoridades.
Los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes también se ven amenazados. Las reformas aprobadas sin consulta previa y el aumento de ataques a sus comunidades han llevado a detenciones arbitrarias y otros abusos. Kohonen Sheriff reportó al menos 54 personas detenidas sin justificación, incluidas diez de origen indígena. En este contexto, han sido documentadas trece posibles desapariciones forzadas y denuncias de tortura.
La situación se complica aún más con la negativa de entrada al país a ciudadanos nicaragüenses, lo que ha resultado en la separación de familias y ha impactado negativamente los derechos de los niños. En total, se han registrado 29 casos de personas a quienes se les ha impedido regresar a su país por razones políticas desde el inicio del año.
Kohonen Sheriff concluyó haciendo un llamado al gobierno nicaragüense para que reanude el diálogo y cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos, reiterando la disposición de la ONU para ofrecer asistencia técnica en este ámbito.
Fuente: ONU últimas noticias
