La Casa del TPV, una empresa sevillana especializada en soluciones para el punto de venta, ha alertado sobre las repercusiones negativas que el reciente aplazamiento del sistema VeriFactu, establecido por el Real Decreto-ley 15/2025, está generando en el sector. Este cambio normativa extiende los plazos de adaptación a los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) hasta el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y hasta el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios.
José Ángel Salas, director comercial de La Casa del TPV, subraya que el verdadero problema radica en el daño que este cambio de plazos causa en el mercado, especialmente a las empresas que ya han realizado inversiones significativas para adaptarse a las nuevas exigencias fiscales. “El problema no es el objetivo de la norma, sino el daño que genera en el mercado que los plazos se muevan cuando ya hay inversiones realizadas”, señala Salas.
El impacto de esta decisión se extiende a toda la cadena del sector de punto de venta, incluidos desarrolladores de software, mayoristas informáticos e importadores. Muchas empresas habían acelerado sus esfuerzos de adaptación y se encuentran ahora lidiando con un exceso de inventario y decisiones paralizadas, situaciones que afectan su liquidez y operatividad.
Uno de los efectos más preocupantes es la acumulación de sobrestock de equipos que habían sido adquiridos para responder a una demanda que ahora se ha pospuesto. Salas advierte que cada día que pasa significa una pérdida de valor comercial para estos equipos, lo que podría obligar a los distribuidores a vender a precios reducidos para evitar mayores pérdidas.
Los comercios que decidieron adelantarse a la normativa y realizaron inversiones en hardware y ajustes operativos también están sintiendo el golpe. Muchos de estos clientes ahora se encuentran en una situación complicada, al descubrir que su esfuerzo por adaptarse de manera anticipada les ha resultado poco rentable. “Este retraso castiga a quien se adelantó. Invirtió con tiempo, asumió el gasto, y ahora descubre que podía haber esperado”, comenta Salas, resaltando el impacto negativo en la confianza y planificación de las pequeñas y medianas empresas.
A pesar del aplazamiento, el marco sancionador existente bajo la Ley General Tributaria permanece en vigor, y se prevén multas que pueden alcanzar los 150.000 euros para los fabricantes o comercializadores que no cumplan con las regulaciones, y hasta 50.000 euros para los usuarios de sistemas no certificados.
La Casa del TPV exige una mayor estabilidad normativa, argumentando que la incertidumbre regulatoria obstaculiza la planificación y causa pérdidas en el sector. “El sector necesita estabilidad y previsibilidad. Lo contrario genera pérdidas, frena decisiones y penaliza a los actores que intentan adelantarse”, concluye Salas.
La Casa del TPV, con sede en Sevilla, se posiciona como un referente en el ámbito de soluciones de punto de venta y asesoramiento tecnológico, enfocándose en garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento normativo en los sectores de comercio y hostelería.
