El primer lote de informes que evalúan los denominados «riesgos sistémicos» asociados a las plataformas en línea más grandes ha sido publicado, generando gran expectación en diversos grupos de la sociedad civil en todo el mundo. Estos informes son el resultado de la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula plataformas como Google, Meta, Amazon y TikTok, entre otras. Las compañías han sido instadas a evaluar si sus servicios contribuyen a una serie de riesgos mal definidos, que van más allá de la difusión de contenido ilegal e incluyen efectos negativos sobre la integridad de los procesos electorales y la vulneración de derechos fundamentales.
Las obligaciones más estrictas de la DSA se aplican a plataformas muy grandes, identificadas como aquellas con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Hasta la fecha, la Comisión Europea ha designado más de 20 de estos servicios, que deben evaluar proactivamente los riesgos relacionados con el diseño y uso de sus plataformas. Las categorías de riesgos mencionadas en la DSA incluyen la diseminación de contenido ilegal, efectos negativos en el ejercicio de derechos fundamentales y amenazas a la seguridad pública y el discurso cívico. Sin embargo, el marco normativo ofrece poca orientación sobre cómo las plataformas deben analizar estos riesgos, lo que facilita interpretaciones amplias y prácticas cuestionables.
En el contexto de una nueva investigación de la DSA relacionada con el papel de TikTok en la reciente elección presidencial en Rumanía, los informes cobran mayor relevancia. Tras la victoria inesperada de un candidato ultranacionalista, surgieron acusaciones de que TikTok amplificó contenido favorable a este candidato, lo que llevó a la Comisión Europea a abrir investigaciones sobre su gestión de riesgos sistémicos y su cumplimiento con las obligaciones establecidas por la DSA.
El caso de TikTok resalta las limitaciones de la DSA en cuanto a la evaluación de riesgos y auditorías. Aunque se espera que las plataformas publiquen informes anuales sobre cómo han gestionado y analizado los riesgos, la falta de estándares y metodologías uniformes dificulta la comparación entre diferentes enfoques adoptados por las empresas. Los informes, aunque representan un pequeño avance hacia la responsabilidad y transparencia, muestran que muchas de las cuestiones descritas como sistémicas aún no se comprenden bien.
Para abordar los riesgos complejos asociados con los servicios en línea, es necesario adoptar un enfoque colaborativo que involucre a expertos de la sociedad civil, académicos y activistas, en lugar de confiar en que las plataformas o los reguladores definan la conceptualización y mitigación de los riesgos. Esto ayudaría no solo a aclarar retos complicados que enfrenta la sociedad, sino también a fortalecer los derechos de los usuarios y la protección de los derechos fundamentales.
Fuente: EFF.org
