Los recortes masivos a las partidas de ayuda y los déficits de financiamiento en la respuesta al VIH en 2025 están perjudicando gravemente los sistemas de salud y a los trabajadores sanitarios de primera línea, lo que ha llevado a la suspensión de programas de prevención y al riesgo inminente de comprometer los servicios de tratamiento. Esta alarmante situación fue destacada por el Programa de la ONU contra el VIH SIDA (ONUSIDA) en su reciente actualización global.
La entidad advirtió que la escasez de recursos no solo revertiría los logros alcanzados hasta la fecha, sino que podría poner en peligro millones de vidas en todo el mundo. “La crisis de financiamiento amenaza con desmantelar décadas de progreso, a menos que los países implementen cambios radicales en la programación y financiamiento del VIH”, afirmó ONUSIDA.
A pesar de los resultados desalentadores, el informe reveló que, incluso antes de que comenzaran las interrupciones generalizadas de servicios, 9,2 millones de personas portadoras del VIH carecían de acceso a tratamientos esenciales, incluyendo a 620.000 niños menores de 14 años. Esta situación ha contribuido a que 2024 registre 75.000 muertes relacionadas con el SIDA entre niños, así como 630.000 muertes en total, siendo el 61% en África subsahariana. Además, más de 210.000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron el VIH el mismo año, lo que equivale a un promedio de 570 nuevas infecciones cada día.
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, aseguró que la situación actual trasciende un mero déficit financiero y se convierte en “una bomba de tiempo”. Explicó que se han observado desapariciones abruptas de servicios y que el personal sanitario ha sido enviado a casa, lo que ha bloqueado el acceso a la atención médica, especialmente para niños y poblaciones vulnerables.
El informe también destaca que los servicios de prevención comunitarios, que son cruciales para llegar a las poblaciones marginadas, se están quedando sin fondos a un ritmo alarmante. Según una encuesta, más del 60% de las organizaciones de VIH dirigidas por mujeres han perdido financiamiento o han tenido que suspender sus operaciones. Muchos programas que, en 2024, lograron alcanzar a millones de personas con servicios de prevención, ya se han interrumpido por completo.
A su vez, el aumento de leyes punitivas que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la identidad de género y el consumo de drogas ha exacerbado la crisis, dificultando aún más el acceso a servicios de VIH. Países como Uganda, Mali y Trinidad y Tobago han incrementado recientemente las sanciones legales, alejando a las poblaciones clave de la atención sanitaria y aumentando su vulnerabilidad al VIH.
No obstante, el informe de ONUSIDA también resalta ejemplos de resiliencia, donde algunas comunidades han logrado proteger los avances alcanzados y seguir adelante con la respuesta al VIH. Un total de 25 de los 60 países de ingresos bajos y medianos incluidos en el informe han incrementado sus presupuestos nacionales para la respuesta al VIH de cara a 2026, lo que se traduce en un aumento colectivo del 8% en recursos nacionales adicionales.
ONUSIDA hizo un llamado a la comunidad internacional, insistiendo en que la respuesta a la epidemia no puede depender únicamente de los aumentos en los presupuestos nacionales. Es esencial que la comunidad global colabore para cerrar la brecha financiera, apoyando a los países en la prestación de servicios de prevención y tratamiento, eliminando barreras legales y empoderando a las comunidades. “Todavía hay tiempo para transformar esta crisis en una oportunidad. Juntos, aún podemos acabar con el SIDA como amenaza para la salud pública para 2030, si actuamos con urgencia, unidad y un compromiso inquebrantable”, concluyó Byanyima.
Fuente: ONU últimas noticias
