Los enfrentamientos entre grupos armados en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, han provocado un impacto humanitario severo, afectando a 91.879 personas, según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. De esta cifra, más de 50.000 individuos han sido desplazados hacia los centros urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde se encuentran alojados en refugios temporales, hoteles y comunidades de acogida.
El Catatumbo, un área fronteriza con Venezuela, se ha convertido en un territorio en disputa debido a su riqueza en recursos minerales, su producción de coca y su conexión con el tráfico ilícito. La presencia limitada del Estado ha dado lugar a una escalada de la violencia, que ha transicionado de una coexistencia tensa entre los grupos armados a una guerra abierta por el control del narcotráfico.
En las últimas semanas, aunque ha habido una disminución en los desplazamientos masivos comparados con los primeros días de la crisis y un incremento en la presencia de las fuerzas del orden, la violencia persiste. Se han reportado al menos 35 acciones armadas en municipios como Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, poniendo en peligro a la población civil, incluidos niños y adolescentes.
Los combates y los ataques contra infraestructuras militares han resultado en nuevos desplazamientos masivos en Tibú y Teorama. Además, la violencia ha llegado hasta Cúcuta, donde se han registrado atentados con explosivos dirigidos contra instalaciones militares. A pesar de los riesgos que implican las minas antipersonales y la amenaza constante del despojo de tierras, algunas personas han decidido regresar a sus veredas, impulsadas por el deterioro de sus cultivos y la necesidad de cuidar a sus animales.
La situación de movilidad en la región continúa siendo crítica. Hay al menos 27.381 personas que sufren restricciones severas para acceder a bienes y servicios básicos. Este problema se ha agudizado para las 8.668 personas que al inicio de la emergencia ya estaban confinadas, quienes enfrentan limitaciones de horario y vigilancia constante. Existen informes de individuos forzados a refugiarse en sus hogares debido a amenazas de los grupos armados.
El acceso de personal humanitario y de la Misión Médica a localidades como San Calixto, Teorama, Tibú y otras está comprometido por las operaciones militares y la violencia en la región. Además, se han registrado amenazas y ataques dirigidos a los trabajadores humanitarios y a la infraestructura destinada a la asistencia.
Particularmente preocupante es la situación de mujeres y niños, quienes son más vulnerables en este contexto. Muchos niños han interrumpido su educación y se están registrando casos de desnutrición aguda. Según un análisis realizado por UNICEF, al menos cuatro niños menores de cinco años sufren de desnutrición aguda en Tibú. Además, el Ministerio Público ha reportado que 99 mujeres han sido víctimas de violencia de género, muchas de ellas de nacionalidad venezolana, que enfrentan barreras significativas en la regularización de su estatus migratorio.
La crisis ha llevado a que unas 4.667 personas, incluyendo refugiados y migrantes, se vean afectadas. La falta de espacio seguro y condiciones adecuadas ha aumentado el riesgo de violencia de género y reclutamiento forzado de menores por grupos armados.
Por si fuera poco, la situación se complica por la congelación de fondos para la asistencia humanitaria por parte de Estados Unidos, lo que ha forzado a al menos 38 organizaciones a suspender o limitar sus actividades en la región, dejando a más de 120.000 personas sin acceso a la ayuda humanitaria esencial. Las comunidades indígenas Barí en el área también viven en condiciones precarias, enfrentando amenazas y medidas de control social, mientras que instan a los organismos internacionales a garantizar el acceso a alimentos e insumos médicos.
Fuente: ONU últimas noticias
