La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha lanzado una alerta sobre la crisis socioeconómica en Cuba, subrayando su devastador impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un comunicado emitido desde Ginebra este jueves, la portavoz Marta Hurtado destacó cómo la escasez de combustible está comprometiendo servicios esenciales en todo el país.
La situación en la isla es el resultado de múltiples factores históricos y contemporáneos. Entre ellos, el embargo financiero y comercial que ha persistido durante décadas, junto a fenómenos meteorológicos extremos y las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos sobre los envíos de petróleo. Estos elementos han afectado gravemente sectores críticos como la salud, el acceso al agua y la alimentación.
Los hospitales cubanos se encuentran en una situación de emergencia operativa. Hurtado advirtió que las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias están comprometidos, al igual que la producción y conservación de vacunas y medicamentos que requieren refrigeración constante. La dependencia de combustibles importados, agregó, agrava la fragilidad del sistema sanitario del país.
Además, la falta de suministro eléctrico ha generado apagones que dificultan el acceso al agua potable, dado que más del 80% de los equipos de bombeo dependen de la electricidad. Esto no solo afecta la disponibilidad de agua, sino que también compromete las condiciones básicas de saneamiento e higiene.
Los grupos más vulnerables son los que están sufriendo las consecuencias más severas de esta crisis. La escasez de combustible ha disruptido el sistema de racionamiento y la distribución de la canasta básica, impactando especialmente a aquellos que dependen de programas sociales, tales como la alimentación escolar y los centros de atención para embarazadas y ancianos.
La ACNUDH enfatizó que el acceso a bienes y servicios esenciales, como alimentos, agua y electricidad, es fundamental para garantizar el derecho a la vida y otros derechos humanos básicos. Asimismo, la oficina alertó que las sanciones prolongadas generan dificultades económicas que debilitan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de protección y asistencia, lo que aumenta el riesgo de tensiones sociales.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado a todos los Estados para revisar y levantar las medidas unilaterales que perjudican de forma indiscriminada a la población. Afirmó que «los objetivos políticos no pueden justificar acciones que vulneren los derechos humanos».
Fuente: ONU últimas noticias
