El Secretario General de la ONU, António Guterres, mostró su preocupación por las recientes órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público de Guatemala contra Iván Velásquez, ex comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, ex jefa de Investigaciones de la CICIG. Durante su conferencia de prensa habitual, el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, recordó que el personal internacional de la CICIG cuenta con inmunidad judicial en relación con su labor, según el acuerdo establecido entre la ONU y el Gobierno guatemalteco.
Dujarric subrayó que esta inmunidad se extiende incluso después de que los funcionarios dejan sus cargos en la Comisión. Este marco legal le otorgó al Gobierno de Guatemala el compromiso de salvaguardar a los miembros de la CICIG, tanto nacionales como internacionales, contra abusos o represalias derivadas de su trabajo.
Las órdenes de detención, solicitadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, están relacionadas con presuntas irregularidades en los acuerdos con la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal Rafael Curruchiche acusó a Velásquez de haber permitido la aprobación de estos acuerdos en 2017, durante su gestión al frente de la CICIG. Los cargos incluyen delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia y tráfico de influencias.
El Gobierno guatemalteco emitió un comunicado rechazando enérgicamente estas órdenes, argumentando que carecen de base legal y contravienen el acuerdo entre Naciones Unidas y el país. Además, sostenían que tales acciones tienen un sesgo político y que son una manifestación de cómo el sistema judicial está siendo manipulado para criminalizar a aquellos que buscan justicia.
Desde Colombia, la Cancillería también expresó su preocupación y rechazo frente a las detenciones, señalando que contradicen principios del derecho internacional y representan una desviación grave de los estándares establecidos. Guterres, por su parte, reiteró su temor ante las muchas denuncias de persecución penal contra aquellos que han esforzado por fortalecer el Estado de Derecho y la justicia en Guatemala.
Fuente: ONU últimas noticias
