La oficina del Fiscal General de California ha emitido un nuevo boletín dirigido a las fuerzas del orden de la entidad, aconsejándolas sobre el cumplimiento de la ley estatal AB 481, que regula el uso, la compra y la divulgación de información relacionada con el equipo militar utilizado por las agencias policiales. Este pronunciamiento se produce tras un informe que reveló que el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha ignorado flagrantemente dicha legislación.
El boletín subraya que las agencias de policía deben obtener la autorización de los cuerpos de gobierno, como los concejos municipales o las juntas de supervisores, antes de adquirir cualquier equipo militar. Además, se les recuerda que están obligadas a publicar en sus sitios web una política de uso del equipo militar. Esta política debe incluir detalles sobre las capacidades y los propósitos del equipo, los impactos financieros, así como los mecanismos de supervisión y aplicación en caso de violaciones.
Es crucial que cualquier agencia policial detenga el uso de equipo militar, incluidos drones, si no ha solicitado la autorización adecuada para hacerlo. Esta advertencia cobra especial relevancia en San Francisco, donde se ha demostrado, a través de registros públicos, que el SFPD adquirió drones sin contar con la aprobación necesaria, a pesar de las advertencias de sus propios funcionarios de política interna.
En un contexto donde pocas ciudades y estados cuentan con regulaciones sobre el uso de tecnología y equipos por parte de las fuerzas del orden, California se distingue por contar con normativas como la AB 481, que exige transparencia, supervisión y control democrático por parte de los funcionarios electos en relación al equipo militar. Sin embargo, estas regulaciones pierden eficacia sin un mecanismo de responsabilidad que garantice que las agencias policiales cumplan con ellas.
Ante esta situación, el SFPD y todas las demás agencias de fuerzas del orden en California deben volver a familiarizarse con las normas establecidas. Es imperativo que obtengan permisos y justifiquen las compras antes de adquirir equipo militar, cuenten con políticas de uso aprobadas por el gobierno local y proporcionen informes anuales sobre el equipo que poseen y su costo.
Fuente: EFF.org
