El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado a Guatemala responsable por la falta de implementación de acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación que fueron alcanzados con miembros de los Pueblos Maya K’iche’, Maya Ixil y Maya Kaqchikel. Esta decisión responde al desplazamiento forzado que han sufrido estas comunidades.
Un total de 269 personas de estos grupos, que fueron forzadamente desplazadas de sus territorios durante las operaciones de tierra arrasada relacionadas con el conflicto armado interno de la década de 1980, llevaron su caso al Comité en 2021. Afirmaron que sus derechos, amparados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fueron violados. A pesar de un acuerdo alcanzado en 2011 por el cual se establecieron medidas de reparación, que incluían la construcción de viviendas alternativas, estas nunca se llevaron a cabo.
Hélène Tigroudja, miembro del Comité, subrayó que el desplazamiento forzado persiste hasta que las víctimas puedan regresar a sus hogares de manera segura o sean reasentadas en otro lugar. El Comité concluyó que las víctimas sufrieron un desarraigo violento, siendo obligadas a abandonar sus tierras y refugiarse en la capital, en un contexto que les forzó a ocultar su identidad cultural. La falta de acceso a sus tradiciones y lenguas, señaló Tigroudja, representa una pérdida irreparable también para las futuras generaciones.
El impacto de esta situación se ve amplificado por el trauma intergeneracional que ha afectado a las comunidades, en especial a los niños nacidos mientras sus familias siguen desplazadas. El Comité también recordó las atrocidades cometidas durante las operaciones de tierra arrasada, donde muchas víctimas no pudieron enterrar a sus familiares, violando su derecho a llevar a cabo rituales funerarios según sus tradiciones culturales.
Frente a estas violaciones, el Comité ha solicitado al Estado guatemalteco que localice y entregue los restos de los familiares desaparecidos para que puedan ser honrados conforme a sus costumbres. Además, instó a la construcción de las viviendas acordadas, la provisión de tratamiento médico, becas educativas y un reconocimiento público de responsabilidad que incluya una disculpa formal por las violaciones cometidas. También se requiere que la decisión se traduzca a los idiomas de los pueblos maya afectados.
Fuente: ONU últimas noticias
