El reciente Real Decreto 1026/2024, tras meses de intensas negociaciones con los agentes sociales, ha entrado en vigor con el propósito de fomentar la diversidad y la inclusión en los entornos laborales. Este marco normativo exige a las empresas con más de 50 empleados la creación de un plan de igualdad LGTBI que asegure la igualdad de oportunidades y elimine la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género.
Este decreto busca erradicar los comportamientos LGTBIfóbicos mediante protocolos específicos contra el acoso y la violencia en el trabajo, aseguró Ángela Antón, Legal Manager de Gi Group Holding. Además, la normativa pretende derribar estereotipos en los procesos de selección de personal, promoviendo una contratación basada en la formación y la idoneidad, más allá de la orientación e identidad sexual.
Para implementar estas medidas, las empresas deben recurrir a la negociación colectiva. Si ya cuentan con convenios colectivamente aprobados, deberán incorporar las directrices del decreto en dichos acuerdos. En ausencia de un convenio, será fundamental establecer una comisión negociadora compuesta por los representantes de los trabajadores y los sindicatos más representativos.
El incumplimiento del decreto puede acarrear severas sanciones económicas, que podrían alcanzar los 150.000 euros, además de prohibiciones de acceso a ayudas públicas por un año. Esta legislación se enmarca en el contexto más amplio de la ley 4/2023, que busca garantizar la igualdad real y efectiva para las personas trans y LGTBI en general. Las empresas están llamadas a adaptar sus prácticas para cumplir con esta normativa, asegurando el respeto y la inclusión dentro de sus plantillas, y evitando así posibles penalizaciones.
