La Corte Internacional de Justicia ha comenzado audiencias para determinar si Israel debe reanudar su cooperación con la UNRWA tras la ruptura de vínculos, que Israel justificó alegando colusión de la agencia con Hamas. Este proceso también evaluará las obligaciones de Israel para garantizar asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza y Cisjordania.
Desde el 2 de marzo, Israel ha mantenido un bloqueo a la entrada de ayuda en Gaza, lo que ha generado alarmas entre la ONU y diversas organizaciones humanitarias sobre la crítica escasez de alimentos y suministros. En este contexto, Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos de la ONU, subrayó que Israel, como «potencia ocupante», tiene la obligación de «aceptar y facilitar» los programas de ayuda humanitaria. Hammarskjöld advirtió que Israel no puede unilateralmente descalificar a las agencias de la ONU como imparciales, sino que debe abordar cualquier inquietud a través del diálogo con dichas organizaciones.
El embajador palestino ante los Países Bajos, Ammar Hijazi, acusó a Israel de genocidio, afirmando que el régimen israelí está «matando de hambre» a los palestinos y obstaculizando el trabajo de las organizaciones humanitarias. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, descalificó la audiencia como un acto de persecución y deslegitimación sistemáticas hacia su país.
La situación en Gaza se agrava cada día, con la ONU y el Programa Mundial de Alimentos advirtiendo que sus recursos se están agotando. Con la falta de acceso a la ayuda, familias como la de Wafaa, que vive desplazada con sus tres hijos en una escuela, recurren a dietas mínimas y con frecuencia se enfrentan a pasar hambre. Wafaa reporta que solo tiene suficientes alimentos para unos pocos días y que está tratando de conservar lo que queda.
Además, el Alto Comisionado para los Refugiados instó a los gobiernos a no permitir que los gastos en defensa y las prioridades nacionales socaven la ayuda humanitaria, advirtiendo que recortar o congelar estos presupuestos ya está teniendo consecuencias devastadoras para millones de personas.
En otro ámbito, la OMS ha emitido nuevas directrices para detener la «medicalización» de la mutilación genital femenina, señalando que una de cada cuatro mujeres ha sido sometida a esta práctica por trabajadores de la salud. La organización instó a prohibir que el personal médico participe en estas prácticas y a comprometerlos en su prevención.
Fuente: ONU últimas noticias