El mercado inmobiliario español se prepara para un cambio significativo a partir de 2025, marcado por el nuevo Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno ha anunciado, el cual entrará en vigor en 2026. Este plan, impulsado por el ejecutivo de Pedro Sánchez, incluirá un aumento en el presupuesto destinado a la vivienda pública, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa. Sin embargo, las cifras recientes de la Intervención General de la Administración del Estado indican que de los 4.175 millones de euros destinados al Ministerio de Vivienda para 2024, solo se ha ejecutado un 41,6%. Esta situación ha llevado a expertos a enfatizar la necesidad de una planificación presupuestaria más eficaz.
Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y miembro del equipo de dirección de Fincas Blanco, advierte sobre la importancia de no solo tener buenas intenciones, sino también de implementar una planificación adecuada. Destaca la urgencia de establecer un plan de vivienda a largo plazo que incluya un presupuesto coherente y transparente, orientado a garantizar un mercado de alquiler que sea accesible y sostenible.
Entre las medidas recién anunciadas, se encuentra la creación de una empresa pública de vivienda, que empezará a funcionar en el primer semestre del próximo año. Este organismo se encargará de gestionar más de 30.000 viviendas provenientes del ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán listas para su uso inmediato. A pesar de estas iniciativas, Blanco enfatiza que el éxito dependerá de la capacidad del plan para ir más allá de los objetivos inmediatos y contemplar una estrategia que abarque el medio y largo plazo.
En lo que respecta a las proyecciones a largo plazo, Blanco subraya la relevancia de adaptar las políticas a los cambios demográficos y sociales, como el incremento de familias monoparentales. Propone aumentar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas para mejorar la densidad poblacional en áreas prioritarias, además de impulsar infraestructuras que faciliten el acceso a viviendas situadas en un radio de 50 kilómetros de las grandes ciudades.
Blanco también señala que los presupuestos para iniciativas como el Bono Alquiler Joven, que cuenta con 200 millones de euros aprobados en octubre, aún no han sido utilizados por diversas comunidades autónomas debido a la falta de convocatorias. Para ella, resulta esencial asegurar un mercado de alquiler accesible y sostenible, que podría lograrse a través de un mayor número de licencias para convertir locales comerciales en viviendas, siempre que esta conversión no dependa exclusivamente del sector privado.
«Si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda persistirá», advierte Blanco, quien resalta la importancia de redistribuir los ingresos generados por el mercado de la vivienda. En España, este sector produce ingresos significativos a través de impuestos, por lo que es vital que se destine una parte de esos recursos a políticas efectivas de vivienda en alquiler.
