La reciente prórroga del sistema de registros de facturación conocido como VeriFactu ha suscitado diversas inquietudes entre empresas y profesionales del sector de la hostelería y la restauración (HORECA). Esta ampliación de plazos, aprobada por el Gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de diciembre de 2025, establece que la obligatoriedad de este modelo se verá postergada hasta el año 2027, sin alterar los requisitos técnicos establecidos por la normativa.
El nuevo marco normativo, incluido en el Real Decreto-ley 15/2025, busca facilitar la adaptación de las empresas a un sistema que promete optimizar la gestión fiscal y la facturación electrónica. De acuerdo con la nueva cronología, las empresas clasificadas en el artículo 3.1.a del Real Decreto 1007/2023 deberán acatar la normativa antes del 1 de enero de 2027, mientras que otros obligados tributarios, incluidos los autónomos, tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2027.
El texto oficial justifica esta prórroga como una decisión necesaria para asegurar una transición ordenada y uniforme hacia el nuevo sistema, otorgando a las empresas y profesionales un periodo adicional para que ajusten sus herramientas tecnológicas de facturación. Sin embargo, el retraso en la implementación genera efectos colaterales en el sector tecnológico; mayoristas y distribuidores que ya habían anticipado la demanda de equipos y soluciones acorde a la fecha original corren el riesgo de enfrentarse a un exceso de inventario, que podría derivar en ajustes de precios.
Fernando Pérez, director general de La Casa del TPV, subraya que, a pesar de la prórroga, la obligación de adecuarse a la normativa persiste. «Es fundamental que las empresas comprendan que la normativa sigue vigente. Este aplazamiento no debe interpretarse como un alto total en el proceso de adaptación tecnológica», afirma. En esto coincide José Ángel Salas, director comercial de la misma compañía, quien añade que el sector HORECA necesitaba un tiempo adicional para planificar la transición, especialmente durante períodos de alta demanda.
Israel Mula, técnico especialista en sistemas TPV, destaca que, aunque se ha ganado tiempo, la estructura técnica del sistema sigue inalterada. «El desafío ahora es que las empresas utilicen este tiempo extra para adecuar sus sistemas adecuadamente, evitando problemas cuando finalice el nuevo plazo», advierte.
La norma comenzó a regir el 4 de diciembre de 2025, un día después de su publicación en el BOE, y deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en los plazos estipulados por la Constitución.
