La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente la propuesta del presidente que busca trasladar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta medida ha generado inquietud entre varios expertos en derechos humanos de la ONU, quienes advierten que podría incrementar el riesgo de violaciones a estos derechos fundamentales. La propuesta será sometida a votación en el Senado en los próximos días.
En un comunicado conjunto emitido este martes, dos Grupos de Trabajo y tres relatores especiales expresaron su preocupación por los posibles abusos que podrían surgir, incluyendo la tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Los expertos manifestaron que, de ser aprobada la reforma constitucional, se asignarían de modo permanente funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas, lo que podría agudizar problemas como las desapariciones forzadas y la impunidad.
De acuerdo con el análisis de los expertos, la reforma sometería a los integrantes de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y les otorgaría un estatus constitucional que les permitiría participar en investigaciones criminales, expandiendo así el papel de las fuerzas armadas en tareas que antes estaban reservadas a cuerpos civiles.
Los especialistas reconocen los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, pero instan a las autoridades a abordar estos retos con soluciones que respeten las obligaciones internacionales del país en derechos humanos. Señalaron que si se aprueba el proyecto de reforma, esto iría en contra de múltiples recomendaciones que desde 1999 han solicitado asegurar que las funciones de seguridad pública sean ejecutadas por cuerpos civiles, relegando la participación militar a una situación excepcional.
Asimismo, se mostraron preocupados por presuntas violaciones a derechos humanos en el pasado cometidas por funcionarios militares, y enfatizaron la necesidad de que estas alegaciones sean investigadas y que los culpables enfrenten la justicia. Propusieron que la Guardia Nacional mantenga su dependencia de instituciones civiles y que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas, creando paralelamente un diálogo para establecer un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.
Los expertos mantienen comunicación con las autoridades mexicanas y están dispuestos a ofrecer cooperación y asistencia técnica para asegurar el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas según las leyes internacionales.
Fuente: ONU últimas noticias
