Un nuevo informe de expertos advierte sobre la creciente amenaza que representan los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) en los conflictos actuales, poniendo en peligro la soberanía de los Estados y los derechos humanos a nivel global. Este documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios, destaca cómo estos actores han evolucionado para operar dentro de estructuras corporativas complejas que les permiten eludir responsabilidades y aprovechar vacíos legales.
El informe detalla varias amenazas que estos actores representan. En primer lugar, se menciona el desafío a la soberanía estatal; la contratación de fuerzas privadas por parte de gobiernos o actores no estatales puede socavar el monopolio legítimo de la fuerza, debilitando así la rendición de cuentas democrática y evitando el escrutinio público sobre las bajas en conflictos.
Asimismo, se documentan graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, que son frecuentes en las operaciones de mercenarios y empresas que los contratan. La naturaleza transnacional de estas actividades, sumada a la opacidad de sus modos de operación, complica la posibilidad de llevar a los responsables ante la justicia.
Otro aspecto alarmante es la impunidad generalizada, atribuible a un marco legal internacional inadecuado para regular y controlar las actividades de estas empresas. Las jurisdicciones confusas, los contratos secretos y las complejas cadenas de subcontratación crean un «vacío de responsabilidad» que muchos actores explotan sin consecuencia alguna.
Por último, el informe señala el surgimiento de nuevos modelos de negocio preocupantes. Las empresas no solo ofrecen servicios de seguridad, sino que también involucran aspectos de inteligencia, ciberguerra e influencia política, a menudo aliándose con élites corruptas para influir en los resultados de los conflictos.
Frente a esta situación, el Grupo de Trabajo de la ONU hace un llamado urgente a los Estados miembros para que fortalezcan el marco legal internacional, sugiriendo la creación de un instrumento jurídicamente vinculante que regule las actividades de las EMSP. Piden además la implementación de la jurisdicción universal para investigar y juzgar delitos cometidos por mercenarios, y la realización de un análisis riguroso antes de autorizar contratos con estas compañías.
Finalmente, instan a investigar todas las denuncias de violaciones y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la reparación que merecen.
Fuente: ONU últimas noticias
