Expertos en derechos humanos de la ONU expresaron este viernes su seria preocupación por el fallo reciente del Tribunal Constitucional del Perú, que valida la controvertida “ley de impunidad”. Esta ley permite la aplicación de la prescripción a los crímenes de lesa humanidad, lo que, según los especialistas, representa un alarmante retroceso en el ámbito de los derechos humanos.
Los expertos subrayaron que, conforme al derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. La nueva ley establece que la prescripción podría aplicarse a crímenes de este tipo si fueron cometidos antes de que Perú ratificara el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Sin embargo, el grupo de expertos enfatizó que esta prohibición no depende de la ratificación de tratados internacionales.
Además, advirtieron que el principio de legalidad no puede ser utilizado para proteger a los perpetradores de crímenes atroces que ya eran considerados delitos bajo el derecho internacional en el momento de su comisión. Las demoras en los procesos judiciales no justifican la impunidad ante violaciones graves.
El impacto de esta ley va más allá de los derechos de las víctimas, ya que también afecta la independencia judicial del país. Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron que la ley es incompatible con las normas del derecho internacional, y que las interpretaciones internas no pueden prevalecer sobre los estándares destinados a proteger a la humanidad de los crímenes más graves.
El fallo del Tribunal Constitucional no solo reafirma la ley de impunidad, sino que también ordena la anulación de decisiones judiciales que habían cuestionado su constitucionalidad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la independencia judicial y podría dar lugar a represalias contra quienes aplican estándares internacionales, incluyendo policías, fiscales, jueces y defensores.
Los expertos instaron al gobierno peruano a alinear su legislación con los estándares internacionales pertinentes para garantizar la rendición de cuentas y proteger a los actores judiciales. “La justicia tardía no debe convertirse en justicia denegada”, concluyeron, dejando una clara advertencia sobre la necesidad urgente de abordar esta problemática en el país.
Fuente: ONU últimas noticias
