El Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios ha destacado la reciente firma por parte del presidente colombiano Gustavo Petro de una ley que ratifica la Convención Internacional sobre Mercenarios de 1989. Este hecho, ocurrido el viernes, representa un avance significativo en la lucha por los derechos humanos en el país, aunque las expertas también han expresado su preocupación por el creciente reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados en el extranjero.
Las especialistas han declarado que «la revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales». Sin embargo, han subrayado que más de 10,000 colombianos podrían estar involucrados en conflictos armados alrededor del mundo, lo que incluye métodos tanto legales como irregulares de reclutamiento.
Los antecedentes de conflicto armado en Colombia han dado lugar a la proliferación de actores armados y empresas de seguridad privada, generando una situación compleja en la que muchos colombianos, en su mayoría exmilitares, son solicitados para desempeñar funciones de seguridad en el extranjero, incluidos roles de combate activo. La falta de oportunidades en el país y los atractivos económicos que ofrecen estas posiciones han incrementado las solicitudes, lo que, según las expertas, podría continuar en aumento si no se aborda adecuadamente.
Otra de las preocupaciones destacadas por el Grupo de Trabajo es la situación de las familias de aquellos colombianos que han perdido la vida o que han desaparecido en estos conflictos. Estos familiares enfrentan serias dificultades para obtener información, especialmente en casos de reclutamiento engañoso o predatorio. Las expertas han señalado que la falta de regulación de las empresas de seguridad privada, la proliferación de armas sin licencia y el uso de tecnologías avanzadas, como drones, incrementan los riesgos para los derechos humanos y la seguridad.
Si bien reconocen que los empleos legítimos en funciones militares y de seguridad pueden representar una importante fuente de ingresos para muchos colombianos, también advierten sobre la prohibición internacional del uso de mercenarios, que representa una grave amenaza a los derechos humanos. Para mitigar el reclutamiento en el extranjero, han recomendado acciones interinstitucionales coordinadas, colaboración internacional y la implementación de campañas de sensibilización pública, así como la creación de mejores oportunidades económicas dentro del país.
El Grupo de Trabajo concluirá su visita presentando un informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026, resaltando que la problemática del reclutamiento de mercenarios no es solo un desafío nacional, sino que también requiere de una respuesta coordinada a nivel regional y global.
Fuente: ONU últimas noticias
