A finales de julio de 2025, 4,34 millones de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea que huyeron de Ucrania a causa de la guerra de agresión rusa contaban con estatus de protección temporal en la UE. Este fenómeno destaca un desafío humanitario significativo, así como una respuesta colectiva de los países europeos ante la crisis.
Alemania lidera la lista de países con el mayor número de beneficiarios de esta protección, con 1.203.715 personas, lo que representa el 27,7% del total en la UE. A continuación se encuentran Polonia, con 993.665 beneficiarios (22,9%), y Chequia, con 380.680 (8,8%). Esta situación refleja no solo un compromiso humanitario, sino también la carga que algunos países han asumido en un contexto de crisis prolongado.
Si se compara con el final de junio de 2025, el número total de personas bajo protección temporal aumentó en 28.695, lo que supone un incremento del 0,7%. Este crecimiento no fue homogéneo; se observó un aumento en 24 países de la UE, siendo Alemania el que más contribuyó con 7.070 nuevos beneficiarios (+0,6%), seguido por Rumanía (+2.300; +1,2%) y Chequia (+2.260; +0,6%).
La distribución de beneficiarios también revela patrones interesantes. En Chequia, la proporción de personas bajo protección temporaria es de 34,9 por cada mil habitantes, la cifra más alta en la UE. Polonia y Estonia les siguen con 27,2 y 25,3, respectivamente. En contraste, la media a nivel de la UE es de 9,6 por cada mil.
Más del 98,4% de quienes recibieron protección temporal son ciudadanos ucranianos. Entre ellos, las mujeres adultas representan el 44,7% y los menores casi un tercio (31,2%) del total. Los hombres adultos, en cambio, suponen cerca del 24,2% de los beneficiarios.
La base para este mecanismo de protección se encuentra en la Decisión de Ejecución del Consejo 2022/382, adoptada el 4 de marzo de 2022, que reconoce la existencia de un flujo masivo de personas desplazadas debido al conflicto. Esta decisión se ha visto respaldada por la reciente extensión de la protección temporal, acordada por el Consejo Europeo el 13 de junio de 2025, que prolonga el estatus hasta el 4 de marzo de 2027.
Este contexto plantea preguntas sobre las capacidades de acogida y la sostenibilidad de este modelo de protección en los años venideros, a medida que la situación en Ucrania evoluciona y la Europa enfrentando sus propios retos sociales y económicos.
