En 2024, el uso de plataformas digitales de entidades públicas ha alcanzado un notable hito en la Unión Europea, donde el 70,0 % de los ciudadanos de entre 16 y 74 años afirmaron haber utilizado un sitio web o una aplicación de una autoridad pública en los últimos 12 meses. Este porcentaje refleja un incremento leve del 0,7 puntos porcentuales con respecto a 2023, cuando la cifra era del 69,3 %.
Dentro de los países miembros, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia se destacan como líderes en la adopción de servicios de e-governance, con tasas de uso que alcanzan el 98,5 %, 96,0 % y 95,4 %, respectivamente. En contraste, naciones como Rumanía (25,3 %), Bulgaria (31,5 %) e Italia (55,1 %) se encuentran en la parte inferior de esta tabla.
El análisis sobre los tipos de uso de servicios de e-gobierno revela que la obtención de información sobre servicios, beneficios, leyes y horarios es la actividad más común, con un 44,0 % de los usuarios participando en esta función, lo que representa un aumento de 2,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Acceder a información personal ocupa el segundo lugar, con un 40,0 % de los usuarios, lo que refleja un ligero incremento de 0,8 puntos porcentuales desde 2023. Por su parte, descargar o imprimir formularios oficiales se posiciona en el tercer lugar con un 38,1 % de uso, aunque esta cifra muestra una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.
En cuanto a otras interacciones con entidades públicas, realizar solicitudes, reclamaciones o quejas se sitúa como la actividad menos común, con solo un 5,3 % de uso, aunque este número ha crecido en 0,5 puntos porcentuales con respecto a 2023.
Estos datos indican no solo una creciente confianza de los ciudadanos en los servicios digitales ofrecidos por las autoridades, sino también la necesidad de los gobiernos de mejorar la accesibilidad y el alcance de estos servicios para cerrar la brecha con aquellos países que aún presentan un uso limitado. La transición hacia el e-gobierno se erige como una herramienta clave para optimizar la interacción entre el Estado y la ciudadanía en la era digital.
