La semana pasada, el Sexto Circuito del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. emitió un fallo en contra de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), desestimando su autoridad para clasificar la banda ancha como un «servicio de telecomunicaciones» bajo el Título II. Con esta decisión, se eliminan las protecciones de neutralidad de la red para todos los estadounidenses y se priva a la FCC de la capacidad de regular de manera efectiva a los proveedores de servicios de internet.
Este fallo parece ignorar la realidad del servicio de internet que todos utilizamos a diario. Casi el 80% de los estadounidenses consideran el acceso a la banda ancha tan importante como el agua y la electricidad. La banda ancha ya no es un «servicio de información» no esencial, como se percibía hace 40 años; se ha convertido en un medio vital de comunicación en la vida cotidiana. Negocios, servicios de salud, educación, entretenimiento y muchas facetas de nuestras vidas sociales se han trasladado en gran parte al entorno digital. Al clasificar la banda ancha como un «servicio de información», el tribunal está permitiendo que los proveedores de servicios de internet (ISPs) que controlan dicho acceso operen con escaso o ningún control sobre sus acciones.
La neutralidad de la red es el principio que establece que los ISPs deben tratar todos los datos que viajan a través de sus redes de manera equitativa, sin discriminación indebida a favor de aplicaciones, sitios o servicios específicos. En su esencia, la neutralidad de la red es un principio de equidad y un protector de la innovación, que asegura que los ISPs, al menos en línea, no marquen ganadores y perdedores. Este principio es fundamental para la elección del usuario, el acceso a la información y la libre expresión en internet.
Al eliminar las protecciones contra acciones como el bloqueo, la reducción de velocidad y la priorización de pagos, el tribunal otorga una ventaja a quienes pueden permitirse pagar a los ISPs. Esto favorece a grandes corporaciones que tienen asociaciones con los ISPs y dificulta la competencia de servicios más nuevos, pequeños o especializados, incluso si estos ofrecen un servicio superior. Además, significa que los ISPs pueden limitar tu servicio o el de servicios esenciales, como el que utilizan los cuerpos de bomberos en situaciones de emergencia. Pueden bloquear servicios que no les agraden y, además de cobrar por el acceso a internet, pueden exigir a los servicios y sitios que paguen por el acceso a los usuarios, aumentando artificialmente los costos.
Ante este panorama, es crucial que los estados individuales promuevan sus propias leyes de neutralidad de la red o defiendan las ya existentes. California, por ejemplo, aprobó en 2018 una ley de neutralidad de la red que ha resistido controles judiciales. Es responsabilidad de todos asegurar que se mantenga en vigor.
El Congreso también tiene la oportunidad de poner fin a esta constante inestabilidad en las clasificaciones, aprobando una ley que clasifique los servicios de internet de banda ancha firmemente bajo el Título II, una propuesta que ha sido presentada anteriormente y que debería considerarse nuevamente.
Este fallo representa un retroceso para quienes abogan por la inclusión en internet, pero hay motivos para la resiliencia. La Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con usuarios, innovadores, creadores, defensores del interés público, bibliotecarios, educadores y todos aquellos que dependen de un internet abierto, continuará defendiendo los principios de la neutralidad de la red y luchará por un internet equitativo y accesible para todos.
Fuente: EFF.org
