Un preocupante precedente en la utilización de tecnología policial ha salido a la luz tras una serie de detenciones indebidas basadas en la información incorrecta proporcionada por los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés). En Aurora, Colorado, Brittney Gilliam y su familia vivieron una experiencia aterradora en agosto de 2020, cuando fueron detenidos a punta de pistola por la policía, bajo la sospecha de estar conduciendo un vehículo robado. La confusión se originó a partir de un error del sistema, que confundió la matrícula de su SUV de Colorado con la de una motocicleta robada con matrículas de Montana.
El caso de Gilliam no es un hecho aislado. Denise Green también sufrió una detención errónea similar en San Francisco en 2009, cuando los oficiales la detuvieron porque el ALPR había malinterpretado su matrícula, confundiendo un número. En ambos incidentes, las víctimas eran mujeres afroamericanas, lo que pone de relieve cómo esta tecnología puede agravar las desigualdades en el sistema de justicia penal.
Las equivocaciones cometidas por los lectores de matrículas no son raras. Un estudio reciente indica que uno de cada diez vehículos es mal leído por estos dispositivos, lo que genera un número alarmante de detenciones incorrectas. En Atherton, California, Jason Burkleo fue detenido en su camino al trabajo cuando los oficiales, armados y a la vista de otros, le ordenaron acostarse en el suelo debido a una mala interpretación de su matrícula. De manera similar, en Española, Nuevo México, Jaclynn Gonzales también fue detenida a punta de pistola por un error de lectura del ALPR.
Además de los errores humanos en la lectura, otros casos han surgido por la falta de mantenimiento adecuado de las bases de datos de los ALPR. La policía de Contra Costa, por ejemplo, detuvo a Brian Hofer basándose en la información de un vehículo que ya había sido recuperado, debido a que no se actualizó la base de datos correspondiente.
Esta dependencia excesiva de los ALPR por parte de las fuerzas del orden está causando que se ejecuten detenciones sin la debida verificación. En un caso en Detroit, una mujer fue detenida debido a la coincidencia de una matrícula de un modelo de automóvil similar al utilizado en un tiroteo, a pesar de que su vehículo se encontraba a dos millas del lugar y no coincidía con otras características.
Los abusos no terminan ahí. Existen denuncias de oficiales que han utilizado ilegalmente las bases de datos de los ALPR para obtener información personal para fines propios, como el acoso. Estos abusos han llevado a un aumento en las demandas por detenciones erróneas, con ciudades como Aurora y San Francisco pagando millones en acuerdos para resolver estos casos.
La comunidad está comenzando a cuestionar el papel de los ALPRs en el sistema de justicia penal y sus verdaderos efectos en la seguridad pública. Mientras que las detenciones erróneas por parte de los autores del crimen, lejos de proteger, generan un clima de desconfianza y temor entre la ciudadanía. Desde 2012, diversas organizaciones han trabajado en la resistencia a los riesgos que representan estas tecnologías, abogando por la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
Fuente: EFF.org
