Ecuador enfrenta un desafío significativo en su gestión del estado de excepción, que se mantiene vigente desde hace más de siete meses. Este periodo ha sido objeto de críticas por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que ha señalado la necesidad de que las normas que regulan esta extraordinaria medida cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos. La entidad subraya la importancia de que tales medidas estén sujetas a revisión judicial y obedezcan a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En sus más recientes observaciones, el Comité reconoció la compleja situación de seguridad y violencia que atraviesa el país, pero lamentó la falta de información sobre las acciones del gobierno ecuatoriano para cumplir con los dictámenes de la Corte Constitucional. Estos dictámenes han criticado la falta de justificación adecuada para imponer un estado de excepción que desborde los mecanismos constitucionales ordinarios.
La militarización de la seguridad pública también ha sido motivo de preocupación, especialmente respecto a sus repercusiones en los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y personas migrantes. En este contexto, el Comité instó a las autoridades a priorizar la prevención, investigación y sanciones desde un enfoque centrado en los derechos humanos. Además, recomendó que las funciones de mantenimiento del orden público sean realizadas principalmente por cuerpos policiales civiles, reservando la intervención del ejército para casos realmente excepcionales y temporales.
En torno a la discriminación racial, el Comité destacó la falta de legislación específica para abordar este problema, solicitando al gobierno ecuatoriano que promulgue una ley integral que prohíba la discriminación en todas sus formas. La legislación debe incluir la consulta con comunidades afectadas y establecer mecanismos claros para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
También se hizo hincapié en la necesidad de reforzar la capacitación de agentes de policía y fiscales para tratar adecuadamente incidentes de discriminación racial y delitos de odio. El Comité sugirió la implementación de campañas de educación pública sobre estos derechos y el proceso de denuncia de tales actos.
La situación socioeconómica de los pueblos y nacionalidades en Ecuador fue otro de los aspectos abordados. El Comité instó a implementar políticas públicas orientadas a eliminar las desigualdades que enfrentan estos grupos en acceso a empleo, salud y condiciones de vida digna.
Finalmente, el Comité subrayó la importancia de realizar evaluaciones exhaustivas del impacto social, ambiental y de derechos humanos de los proyectos extractivos. Solicitó que se respeten los derechos de los pueblos a dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que se concedan licencias para actividades que les afecten, y reclamó atención sobre las denuncias de explotación laboral, especialmente aquellas que involucran a la población afrodescendiente en diversas provincias.
Fuente: ONU últimas noticias
