La Comisión Europea se encuentra en la recta final de la elaboración de una propuesta para la Ley de Redes Digitales (DNA), pero un creciente número de organizaciones ha comenzado a expresar preocupaciones sobre el resurgimiento de las propuestas de «participación justa» por parte de importantes operadores de telecomunicaciones. Dicha propuesta original busca imponer tarifas de uso de red a ciertas empresas para que las operadoras de servicios de internet (ISPs) puedan beneficiarse. Quienes critican la propuesta sostienen que no hay nada de justo en ella y que podría socavar la neutralidad de la red, afectando a los consumidores al cambiar la forma en que se entrega el contenido en línea.
Ante esta situación, la Comisión Europea se está planteando una idea alternativa: la implementación de un mecanismo de resolución de disputas que facilite acuerdos comerciales entre las empresas tecnológicas y los operadores de telecomunicaciones.
Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha unido a un amplio grupo de más de 80 firmantes, que van desde organizaciones de la sociedad civil hasta empresas del sector audiovisual, en una declaración conjunta que defiende la preservación de la neutralidad de la red dentro del marco de la DNA.
En la carta, los firmantes advierten que la introducción de un mecanismo de resolución de disputas en la legislación de la UE podría abrir la puerta a que proveedores de contenido y aplicaciones paguen tarifas de red por la entrega de tráfico. Estas propuestas, que ya se habían planteado en 2022, se presentan como necesarias para financiar la infraestructura, pero el verdadero costo recaerá sobre la internet abierta, la competencia y los propios usuarios.
Este asunto va más allá de una simple política de telecomunicaciones; se trata de una lucha por el futuro del internet en Europa. Si la DNA incluye mecanismos que obliguen a los proveedores de contenido a realizar pagos, se corre el riesgo de que aumenten los costos de suscripción, disminuir la variedad de servicios y frenar la innovación, especialmente entre las startups, creativos y pequeñas y medianas empresas europeas. Además, no existen evidencias de un fallo del mercado que justifique tal intervención regulatoria, ya que organismos como BEREC han determinado que el mercado de interconexión opera de manera fluida. Lo que se está proponiendo es, en esencia, un intento de control por parte de los operadores de telecomunicaciones tradicionales, que buscan resucitar modelos de negocio obsoletos y monopolísticos. Europa ha defendido durante mucho tiempo un internet abierto y accesible, y es crucial que se mantenga esa defensa en este momento decisivo.
Fuente: EFF.org
