Esta semana, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó con una propuesta que permitiría al Secretario del Tesoro despojar a cualquier organización sin fines de lucro de su estatus de exención de impuestos, simplemente determinando que la organización es una «Organización que Apoya el Terrorismo». Esta propuesta, que otorga un poder casi ilimitado a la rama ejecutiva para atacar a organizaciones con las que no está de acuerdo, representa una amenaza existencial para las organizaciones sin fines de lucro en el país.
Incorporada en el proyecto de reconciliación presupuestaria de la Cámara, esta iniciativa es una copia exacta de un proyecto de ley aprobado anteriormente por la Cámara y que había sido rechazado por el Senado el otoño pasado, tras la oposición de varias organizaciones, incluyendo la EFF y la ACLU, entre muchas otras. Se hace un llamado para que la Cámara rechace nuevamente esta propuesta cuando se presente para votación.
El objetivo de esta medida no es frenar el terrorismo, ya que existen numerosas leyes que ya cumplen esta función, incluyendo disposiciones en el código fiscal que permiten al gobierno revocar el estatus de organizaciones ya designadas como terroristas. Más bien, se busca sofocar la libertad de expresión, desincentivando a las organizaciones sin fines de lucro de trabajar o abogar por individuos y grupos desfavorecidos, como venezolanos o palestinos, que podrían estar incidentalmente asociados con grupos considerados terroristas por el gobierno de Estados Unidos. Además, cualquier grupo que este gobierno decida calificar como terrorista en el futuro podría convertirse en objeto de amenazas para quienes defienden la justicia racial, los derechos LGBTQ, las comunidades de inmigrantes, la acción climática y otros temas que no cuenten con el respaldo del gobierno actual.
Además de su amenaza a la libertad de expresión, la propuesta carece de protecciones adecuadas de debido proceso para las organizaciones sin fines de lucro afectadas. Otorgando autoridad exclusiva al Secretario del Tesoro, el proyecto no exige que se divulguen las razones o pruebas para designar a una organización como “que apoya el terrorismo”, creando una carga casi insuperable para cualquier organización que deba demostrar que no es tal cosa. Esto sitúa la carga de la prueba en un lugar erróneo, al deber probar inocencia en lugar de que corresponda al gobierno justificar la acusación.
Un comunicado liderado por la ACLU y firmado por más de 350 organizaciones diversas advirtió que esta legislación proporcionaría a la rama ejecutiva la facultad para atacar a opositores políticos y usar el temor de consecuencias legales y la pérdida de donantes para ahogar la disidencia y enfriar la opinión pública. Aunque las aplicaciones más amplias de esta autoridad podrían no sostenerse ante un tribunal, los costos reputacionales y financieros de enfrentar una investigación podrían significar la desaparición funcional de una organización antes de tener la oportunidad de defenderse legalmente.
La legislación actual establece que es un delito para el Presidente y otros funcionarios de alto nivel ordenar investigaciones del IRS por desacuerdos de política, sin embargo, esta propuesta abre un resquicio que podría paralizar a las organizaciones sin fines de lucro en los años venideros.
No hay duda de que las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones educativas, entre otros grupos e individuos, están bajo amenaza por esta administración. De hacerse efectiva, futuras administraciones, independientemente de su afiliación política, podrían utilizar los poderes otorgados por esta legislación en contra de cualquier tipo de organización sin fines de lucro. Se hace un llamado a la Cámara para que vote en contra de esta propuesta.
Fuente: EFF.org
